Sí, fue amnistía fiscal. Cristobal
Montoro mintió diciendo que no lo era. Lo sentenció el Tribunal Constitucional.
Motivo de sobra para que el Congreso pidiera y obtuviera su reprobación. El de Hacienda
es, tras el titular de Justicia, el segundo Ministro reprobado del ejecutivo de
Rajoy.
En sede parlamentaria, Montoro reconoció que la
amnistía fiscal fue el cebo para “los pececitos que están en el fondo del mar”.
O los cebas o se van a otra charca. El resultado ha sido que el Estado ha
blanqueado las cuentas de numerosos defraudadores, entre ellos algunos
destacados personajes de la política hispana (Rato, los Pujol, Bárcenas,…), a
cambio de nada. Lo recaudado por las arcas públicas ha sido una mínima parte de
lo defraudado. Negocio redondo para los chorizos. Por si su amnistía fiscal no
fuera suficiente motivo para reprobarle, la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al despacho que fundó el ministro en 2006 por
prevaricación y tráfico de influencias. La empresa Equipo Económico se llevó en
2012 –siendo Montoro titular de Hacienda- un contrato con las Cámaras de
Comercio de 2 millones de €, y sin concurso público. Más claro agua.
EL IBI DE DIOS
Claro que para amnistía fiscal la que goza la Iglesia Católica. Su
contribución a las arcas del Estado es mínima. Se acoge al Concordato de 1978 para
no pagar tributos por sus propiedades. Ni IBI ni ninguna contribución, aunque
sea por inmuebles de los que saca beneficio. Su desvergüenza es tal que no se
arredra ni en pedir subvenciones para mejorar sus lucrativas propiedades. Ha
sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien ha dicho que “las exenciones
fiscales de la Iglesia Católica en España pueden constituir ayudas
estatales prohibidas si se otorgan en relación con actividades económicas como
la enseñanza no subvencionada”. Y es que el colegio de los Escolapios en Getafe
pidió al Ayuntamiento la devolución del importe gastado en la reforma del
centro. Que las amnistías de Montoro y de la Iglesia coincidan con la
Declaración de la Renta no deja de ser una casualidad que aumenta la indignación
del probo contribuyente. Europa Laica estima en 2.000 millones de € lo que la
Iglesia Católica defrauda al Estado.
Es de decencia democrática acabar
con esos privilegios dignos de un régimen teocrático. La Transición dejó
numerosas asignaturas pendientes. Esta es una de ellas. València es un ejemplo
de cómo se han ido visibilizando los dominios de la Iglesia Católica y su
ocupación del territorio. La calle Guillem de Castro, por ejemplo, parece un
Parque Temático de la Universidad Católica patrocinado por el Arzobispado.
Hasta ocupan propiedades que no son suyas, como el edificio de la Misericordia,
obra de caridad de la familia Monforte que no es raro que termine en los tribunales.
LA DEL 77
¡Hace 40 años de tantas cosas! Entre otras, de la Ley
de Amnistía (46/1977) con la que se pretendió
cerrar el capítulo de la represión política del franquismo. Publicada el 15 de octubre de aquel año, comenzó a aplicarse dos días después. En
aquel momento se vendió a la opinión pública como el símbolo del fin del
Régimen. Se habló de reconciliación, de pasar página a una etapa negra de
nuestra historia. Hace una década nos enteramos de que en el mismo paquete se
incluyó el perdón a los verdugos. Fue en 2007, cuando organizaciones de
derechos humanos denunciaron los crímenes del franquismo ante la Audiencia Nacional.
Ésta desestimó la denuncia argumentando que “los delitos habían prescrito o
estaban sujetos a la Ley de Amnistía de 1977”. Luego intervino Baltasar Garzón,
acompañando las denuncias con los nombres de 130 mil “desaparecidos” por el
franquismo. Garzón alegó delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad para
evitar su prescripción. El PP colocó al juez en su punto de mira y no paró
hasta retirarlo de la carrera judicial. Es parte de la contribución del PP a la
recuperación de la memoria histórica y de miles de cadáveres sin identificar
que aún yacen en cunetas y fosas comunes. Los jueces siguen sin querer
certificar la muerte violenta de miles de personas, aunque aparezcan con un
tiro en la nuca. Ocurrió hace unos días con unas exhumaciones en el cementerio
de Paterna. La inhibición de la Justicia deja a cargo de las familias los
elevados gastos que supone la identificación de los cadáveres. ¡No hay
derecho!
Tampoco
lo hay a que el PP siga sin pagar el medio millón de € que debe a Feria
València por el alquiler en 2008 del espacio en donde celebró su Congreso. De
allí salió Rajoy como máximo jefe del PP. Fue un “regalo” de Camps y Rita al
supremo líder. Un peldaño hacia la Moncloa.
URBANO GARCIA
