Me equivoqué, lo reconozco. Vela, el Conseller de Hacienda, no tiene
madera de político. De político del PP, quiero decir. Era el eslabón más débil
de una cadena partidista soldada a golpe de omertá, ese juramento mafioso que
ofrece protección a cambio de silencio. Una burla a los ciudadanos, un escarnio
a la democracia. Tal vez por eso, por no ser uno de ellos, Vela dimitió antes
de que la justicia tocara a su puerta. Poco antes, todo hay que decirlo. Apenas
unas horas antes de que le llegara el requerimiento judicial para declarar como
imputado por la filtración a su colega Blasco de un informe de la Intervención
General solicitado por el juzgado. Podría habérselo pasado de forma más
discreta. Pero Vela fue torpe y lo hizo en un Pleno de les
Corts, ante
las cámaras, con luz y taquígrafos. Vela pagó la factura de una confianza
ciudadana hace tiempo perdida. Vuelve a la docencia tras salir escaldado de su
aventura política. Dicen que es un buen técnico. Deja una ley de presupuestos
acabada aunque sin haber pasado aún el trámite parlamentario. Vela no lo ha
tenido fácil. Le ha tocado bailar con la más fea, con una economía depauperada,
con unas arcas saqueadas por su propio partido, con un austericidio que condena al paro a miles de valencianos y
valencianas, entre ellos a cientos de empleados públicos. A Vela le tocó
negociar con Rajoy, De Guindos y Montoro –nuestra troika nacional- el rescate
de la Generalitat, tras la caída en picado de los ingresos y una vez esquilmados
sus fondos. Abandona el barco en el peor momento, de la peor forma. Otro daño
colateral causado por ese tsunami de corrupción que arrasó las cuentas de la Conselleria de Cooperación en tiempos
de Rafael Blasco. Será cruel, pero no le tengo pena. Él eligió su destino,
nadie le forzó, José Manuel Vela fue libre para entrar en ese avispero, que
dirían los liberales. Al Molt Honorable Alberto Fabra apenas le
quedan manos para tapar tanta vía de agua. No le quedan recursos ni tiempo ni
credibilidad. El vicepresidente, José Ciscar, se hará cargo provisionalmente de
unas competencias que le vienen grandes. De modo que la nave de la hacienda
valenciana, al igual que el gobierno, navega sin timonel y con el rumbo
extraviado.
HABANERAS
Mientras
en el Cap i Casal asistíamos a una dimisión intuida, pero no anunciada,
en la Vega Baja y a ritmo de habanera se producía la condena del que fue
todopoderoso señor de Torrevieja durante más de dos décadas. Pedro Hernández
Mateo pecó de prepotencia y nepotismo, pero tan solo le condenan por falsedad
documental y prevaricación. En 2004, Hernández Mateo adjudicó la contrata para
la recogida de las basuras a la UTE Necso Entrecanales. Y lo hizo mediante
maniobras torticeras, falseando el concurso público y encargando un informe externo
a una empresa ligada a la UTE interesada, para eludir la oposición de los
técnicos municipales. Todo un catálogo de malas prácticas que hasta ahora,
muchos años después, no había tenido sanción judicial. Aunque la cuantía de la
multa no es elevada, los siete años de inhabilitación para ejercer cargo
público impiden su continuidad como diputado autonómico. Su sustituta será
Elisa Díaz, hija de Díaz Alperi, uno de los nueve diputados imputados aún
pendientes de sentencia en el grupo del PP. Todo un lastre para el compromiso
de limpieza hecho por Fabra cuando relevó a Camps. Otra promesa incumplida.
PENSIONISTAS
“El
compromiso electoral del PP se está cumpliendo a rajatabla (…) la mayoría de
los pensionistas están enormemente agradecidos al gobierno”. Con tan falso
argumento, Rafael Merino -un segundón del grupo parlamentario del PP- defendió
la decisión del gobierno de no actualizar las pensiones con la subida del IPC
que a 30 de noviembre era del 2,9%. Un incumplimiento más en la larga lista que
ya acumula Rajoy. La vice albondiguilla fue la encargada de dar la mala nueva
de la semana, del mes, del año. Pésimo agüero en víspera del 21 de diciembre de
2012 en que los mayas fijaron el fin del mundo. Con esta decisión, 9 millones
de pensionistas perderán 2 puntos de su escuálido poder adquisitivo. “La
decisión la impone la realidad, no Bruselas”, dice Rajoy. A nadie se le escapa
que él, el presidente del gobierno, es el máximo responsable de una realidad
que quita dinero a los pobres y se lo da a la banca, en forma de rescate que
pagamos todos. El gobierno dice que no actualizar las pensiones ahorrará 4 mil
millones de €, cuando se acaba de aprobar un rescate a la banca por 35 mil
millones de €, la mitad de ellos para Bankia. Esa es la cruda realidad.
URBANO GARCÍA
Imagen: LEVANTE
