MIQUEL GRAU

Tenía 20 años. Murió el 17 de octubre de 1977. Un año antes de que tuviéramos una Constitución homologable. Se ha cumplido el 40 aniversario. Miquel Grau murió asesinado en Alicante al ser golpeado por un ladrillo lanzado por el militante de Fuerza Nueva Miguel Panadero. Es una de las páginas negras que se escribieron en la tan idolatrada Transición a la democracia. No fueron tiempos fáciles. No fue una pacífica travesía por el mar de la calma ni una balsa de aceite. Hubo tensión. Mucha. Y violencia, ejercida fundamentalmente por quienes tenían poder para ejercerla. No hay tránsito en el que no haya un cierto grado de resistencia. Es el choque entre las ansias de cambio y la obstinación en que todo siga igual. Después de un golpe de Estado, una guerra y una larga dictadura, una parte importante de los tres pilares del franquismo (Fuerzas Armadas, Iglesia y Movimiento) no parecía dispuesta a perder sus privilegios, especialmente la milicia. La Iglesia vivía su propio risorgimento tras el Concilio Vaticano II. El Movimiento más que un partido fascista era una red clientelar enquistada en el Estado. Pero el Ejército seguía considerándose garante de la unidad de España. En ese caldo de cultivo, la extrema derecha se movía como pez en el agua. No estaba dispuesta a perder su Patria por la que tanto había guerreado.    

                  Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià, organización de la “nueva izquierda” nacida tras el Mayo del 68. No hacía dos años de la muerte del dictador, la sociedad bullia com una cassola al forn. El País Valencià se preparaba para vivir su segundo 9 d’Octubre sin Franco. El autogobierno que se tocó con los dedos en la II República, podía ser una realidad. Bajo el lema “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”, aquel 9 d’Octubre se movilizaron miles de valencianos. Fue una jornada histórica, aunque nublada por el atentado a Miquel Grau.

1977-2017

                  Cuatro décadas después, los fachas volvieron a la València de la que nunca se fueron. Al menos eso parecía la tarde del 9 d’Octubre de 2017, cuando un grupo sembró de violencia el centro de la ciudad. A pesar de los numerosos vídeos en los que aparecen los energúmenos, las identificaciones y detenciones se producen con exasperante lentitud. Casi dos meses después de los sucesos, a cuentagotas siguen haciéndose públicas las identidades de estos bárbaros. Algunos son de Yomus, la peña del Valencia C.F. caracterizada por su ideología filo nazi. También militan en las filas de España 2000, el grupo fascista que lidera José Luis Roberto, propietario de Levantina de Seguridad, y bien relacionado con ambientes policiales. Conexiones siempre inquietantes. Hace unos días, gracias a eldiario.es, conocimos las conversaciones mantenidas entre un centenar de policías municipales de Madrid cargadas de odio, racismo, incluso exaltación del fascismo. La extrema derecha tiene predilección por entrar en los cuerpos policiales. ¿Por qué será?

ENCAJE

                  El PP se hace el remolón en la comisión parlamentaria promovida por el PSOE para estudiar la reforma de la Constitución. Donde dijo “digo”, ahora dice “Diego” y quiere que esa comisión debata la financiación. El caso es aplazar más si puede una revisión urgente y necesaria.

                  
Con motivo del aniversario de la manifestación unitaria del 9 d’Octubre de 1977, se han celebrado en València exposiciones y varios Congresos. En ellos se ha analizado la particular Transición Valenciana, así como pasado, presente y futuro de nuestro autogobierno. No está mal revisar qué ocurrió hace 4 décadas para no volver a tropezar en la misma piedra. Desde entonces, el Estado Autonómico ha evolucionado, se ha consolidado y ha enseñado sus flaquezas. La realidad asimétrica de un Estado plurinacional se ha impuesto al café (descafeinado) para todos. La crisis (no sólo la económica) ha cuestionado el funcionamiento de las instituciones. Sin olvidar que las políticas de austeridad y centralizadoras del PP han tensado las relaciones entre las diferentes administraciones más allá de lo deseable. La utilización torticera del cupo vasco por parte del PP para obtener el apoyo del PNV a sus presupuestos, no deja de ser una perversión democrática que favorece la desigualdad y el agravio comparativo. En esa encrucijada nos encontramos, cuando al calor de patriotismos desaforados vemos cómo la extrema derecha reaparece en la escena pública.

                  “Per cridar ‘vull l'Estatut!’ a Miquel l'assassinaren/

Per guanyar la llibertat, quants germans tenen de caure?” 

Cantaba Al Tall hace 40 años. Tempus fugit.

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

IMAGEN: Villaweb

PERTINAZ SEQUÍA

Posiblemente sea debida al cambio climático. El caso es que llevamos meses con un anticiclón instalado bajo el contaminado cielo de la península. Altas presiones e inversión térmica son sinónimo de estabilidad atmosférica, o lo que es lo mismo de pertinaz sequía, como gustaba llamarla al dictador, del que hace unos días “celebramos” –sí, ¡celebramos!- el 42 aniversario de su óbito (q.e.p.d. por mucho tiempo). Pues ese anticiclón actúa a modo de gran escudo contra las borrascas que vienen del Atlántico, desviando la mayoría hacía el norte y llevándose las lluvias a otras latitudes. Aquí nos deja el secarral, los pantanos bajo mínimos y la flora con más estrés hídrico que una rana en el desierto de Kalahari. El pasado octubre, tuvimos en tierras valencianas una temperatura media superior en 2 grados a las hasta ahora registradas. Un otoño sin setas es como una primavera sin flores o un mundo sin abejas. Un futuro aterrador para la especie humana.

                  
La cumbre clausurada hace poco en Bonn ha ratificado los peores augurios para el cambio climático. A la marcha que vamos, parece inalcanzable el objetivo fijado en el Acuerdo de París de que la temperatura media global del planeta no aumente más de 1,5^o C para finales de siglo. Este año se han batido todos los records desde que se hacen mediciones, tanto en temperaturas como en concentración de CO₂ en la atmósfera. Mal camino. Rajoy volvió a escudarse en Catalunya para no ir a Bonn y asumir sus responsabilidades internacionales en la lucha contra el cambio climático.  

                  
Tras el abandono de la política de incentivos a las energías renovables, España está siendo acribillada a demandas por parte de fondos extranjeros que ven perjudicados sus intereses o sus perspectivas de negocio. Nos reclaman más de 7.500 millones de €. Solo PV Investors pide ya casi 2 mil millones. Un saqueo de las arcas públicas por parte de las transnacionales que viene de la mano de tratados internacionales como el CETA firmado con Canadá y aprobado recientemente por el Congreso con el voto entusiasta de PP, C’s, PNV y PDeCat y la abstención vergonzante del PSOE.

AGRAVIO

                  Sábado 18, miles de personas se manifiestan por las calles de València reclamando un trato justo por parte del Estado, pero TVE no se entera. La financiación es la clave de bóveda del edificio autonómico. Gracias a ella mantenemos escuelas, hospitales y servicios que dan cuerpo al llamado Estado del Bienestar. Aunque nos incorporamos tarde a él y nunca hemos llegado a los niveles de los países de nuestro entorno, la mejora en la calidad de vida que supone ese Estado es indudable.

                  
Durante la sacrosanta Transición, se implantó un sistema asimétrico de financiación autonómica. País Vasco y Navarra se financian de forma singular. Las dos comunidades recaudan los impuestos y luego pagan al Estado en función de los servicios que éste les presta. La valoración de esos servicios se hace periódicamente. Normalmente, sin luz ni taquígrafos, con opacidad y nula transparencia. La negociación del cupo vasco ha sido moneda de cambio para conseguir el apoyo del PNV al gobierno que ocupa la Moncloa. Lo hizo la UCD de Suárez, el PSOE de Felipe González y el PP de Aznar. Ahora, Rajoy vuelve a usar este mecanismo para obtener el apoyo del PNV a sus presupuestos. Una perversión democrática que coincide con el tercer año de una financiación autonómica caducada. Las comparaciones son odiosas. También las desigualdades. Más de 2000€ hay de diferencia entre lo que recibe del Estado un vasco y un valenciano. Eso sin tener en cuenta las inversiones directas estatales en obra pública, por ejemplo. Una comparación sangrante.

                  
Todo apunta a que el PSOE se ha dejado seducir por las buenas palabras de un PP poco fiable. Pasó con su apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Catalunya a cambio de una revisión del modelo territorial que ahora el PP ve como innecesaria. Y vuelve a ocurrir con el cupo vasco. El PP de Rajoy necesita al PNV para sacar adelante sus presupuestos de 2018. ¿Qué beneficio obtiene el PSOE a cambio de este apoyo puntual a un PP bajo la lupa de la justicia?      

GÜRTEL, PRIMERA PARTE

                  El PP no está en su mejor momento. La Audiencia de Madrid juzgará al partido de Rajoy por la destrucción del ordenador de su ex tesorero, Luis Bárcenas. Y hace unos días, tras 125 sesiones, la primera de las 9 partes del juicio de la Gürtel quedó vista para sentencia. Al estar probado, lo lógico sería que se condenara al PP por financiación ilegal aprovechándose de la red mafiosa dirigida por Correa. Con ella ganó varias elecciones. Como vemos, sigue sin llover y la pertinaz sequía continúa.

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

DESGUACE

¿Qué queda de los fastos y eventos de los tiempos del PP? Tras unas pocas ediciones de la Fórmula 1 –ruinosas para las arcas públicas-, los tinglados modernistas del puerto de València que habían sido transformados en boxes, se convirtieron estercoleros. ¿Quién se benefició de aquella juerga regada en queroseno? ¿Cómo gestionó el PP los intereses públicos? Hay sobrados indicios de que lo hizo mal, que no defendió lo público, que usó el papel mediador de la administración para transferir recursos del erario a bolsillos privados. ¿Quién se benefició de fastos y eventos? Para el pueblo, circo. El pan para los empresarios hoteleros. El sector turístico valenciano se frota las manos, ahora y hace unos años. Cuando se habla de tasa turística –hace tiempo instaurada en las principales ciudades europeas- se llevan las manos a la cabeza. Se escandalizan ante una medida de justicia que beneficia a todo el sector y a la ciudad que aporta algo más que una escenografía. Ya está bien de que los costes los paguemos todos y los beneficios se los lleven unos pocos.

                  
De 2008 a 2012, las autoridades de entonces brindaron con caro champán francés –por ser signo de lujo, no por boicot al cava catalán- en honor de Bernie Ecclestone, el magnate británico dueño del espectáculo del motor. ¿Cuánto capital desembolsado volvió a la ciudad? Ni los viales convertidos en circuitos ni los centenarios tinglados salieron ilesos del sarao. Para recuperarlos hay que invertir de nuevo dinero público. El PP nos vendió la moto de que la fiesta del motor nos iba a salir gratis, y nos ha costado un Potosí. Hubo responsables políticos, como Camps, que escurrieron el bulto. Empresarios, como Jorge Martínez Aspar que se prestó a encabezar el tinglado de Valmor Sport SL, constituido en mayo de 2007, en plena campaña electoral para camuflar la malversación del dinero público, esperan en capilla el dictamen judicial. No hay pan para tanto chorizo.     

  

INDICIOS

                  “Indiciariamente” la actual cúpula del PP ha cometido muchos delitos. ¿Sólo indicios? También hay algunas pruebas. En las múltiples conversaciones grabadas en el episodio de espionaje que sacudió durante meses la Comunidad de Madrid, hay sobrados testimonios de cómo actúa una red mafiosa creada para delinquir. Rafael Palencia, constructor y expresidente de Degremont, empresa dedicada a la gestión de residuos, relató en una conversación con el gestor del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, cómo se alimentaba la caja “B” del PP. Palencia habla de sus contribuciones extraordinarias de 35 mil € al PP para ser “agraciado” con adjudicaciones públicas. Y como luego, daba al PP el 3% del contrato obtenido. Un eficaz método para mantener una financiación extra al margen de cualquier control democrático. Con ese dopaje acudió el PP a múltiples citas electorales. Madrid no fue la excepción. El eje de la prosperidad pasaba por València camino de Baleares, donde Matas servía de modelo a Camps y Aguirre, los otros dos pilares del viaducto de la corrupción.

FINANCIACIÓN

                  Contrasta este muestrario de despilfarros protagonizados por el PP, con el maltrato que recibimos los valencianos en los Presupuestos Generales. No es justo. Ahora que todo el mundo reivindica los parabienes de la Constitución del 78, bien estaría que se recordara que su artículo 156 dice que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Del dicho al hecho hay un gran trecho por el que perdemos derechos a raudales. 

Si el Estado no financia adecuadamente las competencias transferidas se priva a los ciudadanos de ese territorio de derechos que le corresponden. La Valenciana es la comunidad peor financiada del Estado. Nuestro PIB ha caído más que en el resto. Una deficiente financiación acumula deuda hasta límites insoportables. El recurso a préstamos para poder hacer frente al gasto ordinario añade intereses a esa deuda. Una pesada losa que lastra las políticas sociales autonómicas. 

Hablar de igualdad en esas condiciones es una ilusión óptica. Por si fuera poco cargar con ese peso, el Ministerio que gestiona Montoro nos considera una autonomía rica, y nos impone una contribución al fondo interterritorial. Con un 11% de la población y el 10% del PIB, tan solo recibimos el 3,5% de las inversiones del Estado. No es raro que todas las fuerzas sociales y políticas, excepto el PP, se hayan puesto de acuerdo en reivindicar lo que nos corresponde. La manifestación unitaria del 18-N debería ser el punto de inflexión, el final del desguace.    

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

EL TAPÓN

Antes de que terminara otra semana de pasión catalana, el Gobierno de Rajoy anunciaba los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes autonómicas de pobreza energética y de función social de la vivienda. Ambas leyes tienen un mismo objetivo, poner al servicio de la población más castigada por la mal llamada crisis la limitada capacidad legislativa de la Generalitat Valenciana. Son las dos últimas propuestas boicoteadas por el Consejo de Ministros. El asunto no es baladí. Se trata de dos leyes justas, que velan por las personas con menos recursos. El obstruccionismo del ejecutivo de Rajoy deja bien claro cuáles son los verdaderos intereses que defiende. No hace falta ser el sabio Salomón para adivinarlo. El argumentario para obstaculizar las leyes valencianas más progresistas siempre se camufla bajo los mismos criterios supuestamente legalistas, “la atribución por parte de la Generalitat de funciones que no le corresponden”. ¡Mande! O sea que Rajoy reconoce que corresponde a su gobierno hacer algo para paliar los efectos de la pobreza energética y la exclusión del acceso a la vivienda. Por cierto, dos derechos constitucionales. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Rajoy y su gobierno son como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer.

                  En una sociedad donde el poder es difuso, a veces es difícil saber quién es culpable del aumento de las desigualdades. Pero en ocasiones está claro. Es lo que ocurre con las dos leyes ahora recurridas ante el Tribunal Constitucional por el ejecutivo de Rajoy. Ambas leyes afectan a los más pobres, ambas minimizan los efectos de la desigualdad, ambas intentan remediar la exclusión social, ambas forman parte de las buenas prácticas políticas,… ¿Por qué alguien se opone a ellas?

OLIGOPOLIO

                  Carlos Moragues, representante de Rajoy en tierras valencianas, repite los argumentos del gobierno: “la ley autonómica contra la pobreza energética establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte del suministro”. ¿Contradice? Lo que hace la ley de la Generalitat es dar más garantías al consumidor. Ampliar los plazos para cortar el suministro. Proteger al ciudadano frente al poder omnímodo del oligopolio energético. ¿Y qué hace Rajoy? Pues dejar claro que quién manda en la política energética es él, y que él gobierna para los oligopolios y no para la ciudadanía, ni más ni menos. La ley valenciana también insta a las compañías comercializadoras, antes de proceder al corte del suministro energético a una vivienda, a comunicárselo a los servicios sociales del municipio correspondiente, y obliga al gobierno valenciano a garantizar los suministros básicos a las personas en riesgo de exclusión social. A pesar de eso, Moragues dice que en el gobierno “vamos a ser firmes en el cumplimiento de la ley porque es nuestra responsabilidad”. Cualquiera que lo oyera pensaría que habla el guerrero del antifaz.

                  Tanta crueldad con los que menos tienen choca con la generosidad con la que el gobierno de Rajoy trata a las grandes empresas energéticas. El caso del coste de Castor, plataforma situada entre Castellón y Tarragona, es el más sangrante. Su mantenimiento cuesta cada año 16 millones al erario público. Además, el Estado ha indemnizado por cese de actividad con 1350 millones de € a Escal UGS, la empresa dueña del proyecto de almacén submarino de gas. “Este dinero sería más útil si se empleara para impulsar la transición energética a un modelo menos contaminante, tan necesario en la lucha contra el cambio climático”, dijo el diputado de EQUO, López de Uralde.

LA TRAMA

                  No ha sido el de Castor el único bosque oculto tras el arbolado catalán. “La Gürtel es corrupción en estado puro”, dijo Manuel Marocho, inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), ante la comisión del Congreso que investiga la trama mafiosa. El informe de la UDEF señala al PP como organización necesaria para la comisión del delito. Una parte del partido que dirige Rajoy estaba diseñado para delinquir. ¿Para qué está diseñado el resto?

                  A preguntas de Carolina Bescansa, Marocho fue confirmando uno por uno los nombres de los líderes del PP beneficiados por la caja B de su partido. Caja alimentada con los ingresos fraudulentos obtenidos por la trama en la que la Gürtel era la clave de bóveda. Aunque uno de los señalados era el propio Rajoy, las palabras de Marocho apenas han tenido eco en un ecosistema informativo okupado por la actualidad catalana. Y es que el refrán “no hay mal que por bien no venga” resuena con fuerza en todos los medios de comunicación. Su estruendo no deja oír el resto.

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com