Antes de que terminara otra semana de pasión catalana,
el Gobierno de Rajoy anunciaba los recursos de inconstitucionalidad contra las
leyes autonómicas de pobreza energética y de función social de la vivienda.
Ambas leyes tienen un mismo objetivo, poner al servicio de la población más
castigada por la mal llamada crisis la limitada capacidad legislativa de la
Generalitat Valenciana. Son las dos últimas propuestas boicoteadas por el
Consejo de Ministros. El asunto no es baladí. Se trata de dos leyes justas, que
velan por las personas con menos recursos. El obstruccionismo del ejecutivo de
Rajoy deja bien claro cuáles son los verdaderos intereses que defiende. No hace
falta ser el sabio Salomón para adivinarlo. El argumentario para obstaculizar
las leyes valencianas más progresistas siempre se camufla bajo los mismos
criterios supuestamente legalistas, “la atribución por parte de la Generalitat
de funciones que no le corresponden”. ¡Mande! O sea que Rajoy reconoce que
corresponde a su gobierno hacer algo para paliar los efectos de la pobreza
energética y la exclusión del acceso a la vivienda. Por cierto, dos derechos
constitucionales. Y entonces, ¿por qué no hace nada? Rajoy y su gobierno son
como el perro del hortelano, ni hacen ni dejan hacer.
En
una sociedad donde el poder es difuso, a veces es difícil saber quién es culpable
del aumento de las desigualdades. Pero en ocasiones está claro. Es lo que
ocurre con las dos leyes ahora recurridas ante el Tribunal Constitucional por
el ejecutivo de Rajoy. Ambas leyes afectan a los más pobres, ambas minimizan
los efectos de la desigualdad, ambas intentan remediar la exclusión social,
ambas forman parte de las buenas prácticas políticas,… ¿Por qué alguien se
opone a ellas?
OLIGOPOLIO
Carlos Moragues, representante de Rajoy en tierras
valencianas, repite los argumentos del gobierno: “la ley autonómica contra la
pobreza energética establece un procedimiento que contradice los plazos
previstos en la normativa estatal para el corte del suministro”. ¿Contradice?
Lo que hace la ley de la Generalitat es dar más garantías al consumidor.
Ampliar los plazos para cortar el suministro. Proteger al ciudadano frente al
poder omnímodo del oligopolio energético. ¿Y qué hace Rajoy? Pues dejar claro que
quién manda en la política energética es él, y que él gobierna para los
oligopolios y no para la ciudadanía, ni más ni menos. La ley valenciana también
insta a las compañías comercializadoras, antes de proceder al corte del
suministro energético a una vivienda, a comunicárselo a los servicios sociales del
municipio correspondiente, y obliga al gobierno valenciano a garantizar los
suministros básicos a las personas en riesgo de exclusión social. A pesar de
eso, Moragues dice que en el gobierno “vamos a ser firmes en el cumplimiento de
la ley porque es nuestra responsabilidad”. Cualquiera que lo oyera pensaría que
habla el guerrero del antifaz.
Tanta crueldad con los que menos tienen choca con
la generosidad con la que el gobierno de Rajoy trata a las grandes empresas
energéticas. El caso del coste de Castor, plataforma situada entre Castellón y
Tarragona, es el más sangrante. Su mantenimiento cuesta cada año 16 millones al
erario público. Además, el Estado ha indemnizado por cese de actividad con 1350
millones de € a Escal UGS, la empresa dueña del proyecto de almacén submarino
de gas. “Este dinero sería más útil si se empleara para impulsar la transición energética
a un modelo menos contaminante, tan necesario en la lucha contra el cambio
climático”, dijo el diputado de EQUO, López de Uralde.
LA
TRAMA
No ha sido el de Castor el único bosque oculto tras
el arbolado catalán. “La Gürtel es corrupción en estado puro”, dijo Manuel
Marocho, inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF),
ante la comisión del Congreso que investiga la trama mafiosa. El informe de la
UDEF señala al PP como organización necesaria para la comisión del delito. Una
parte del partido que dirige Rajoy estaba diseñado para delinquir. ¿Para qué
está diseñado el resto?
A preguntas de Carolina Bescansa, Marocho fue
confirmando uno por uno los nombres de los líderes del PP beneficiados por la
caja B de su partido. Caja alimentada con los ingresos fraudulentos obtenidos
por la trama en la que la Gürtel era la clave de bóveda. Aunque uno de los
señalados era el propio Rajoy, las palabras de Marocho apenas han tenido eco en
un ecosistema informativo okupado por
la actualidad catalana. Y es que el refrán “no hay mal que por bien no venga” resuena
con fuerza en todos los medios de comunicación. Su estruendo no deja oír el
resto.
URBANO GARCIA
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