DESGUACE

¿Qué queda de los fastos y eventos de los tiempos del PP? Tras unas pocas ediciones de la Fórmula 1 –ruinosas para las arcas públicas-, los tinglados modernistas del puerto de València que habían sido transformados en boxes, se convirtieron estercoleros. ¿Quién se benefició de aquella juerga regada en queroseno? ¿Cómo gestionó el PP los intereses públicos? Hay sobrados indicios de que lo hizo mal, que no defendió lo público, que usó el papel mediador de la administración para transferir recursos del erario a bolsillos privados. ¿Quién se benefició de fastos y eventos? Para el pueblo, circo. El pan para los empresarios hoteleros. El sector turístico valenciano se frota las manos, ahora y hace unos años. Cuando se habla de tasa turística –hace tiempo instaurada en las principales ciudades europeas- se llevan las manos a la cabeza. Se escandalizan ante una medida de justicia que beneficia a todo el sector y a la ciudad que aporta algo más que una escenografía. Ya está bien de que los costes los paguemos todos y los beneficios se los lleven unos pocos.

                  
De 2008 a 2012, las autoridades de entonces brindaron con caro champán francés –por ser signo de lujo, no por boicot al cava catalán- en honor de Bernie Ecclestone, el magnate británico dueño del espectáculo del motor. ¿Cuánto capital desembolsado volvió a la ciudad? Ni los viales convertidos en circuitos ni los centenarios tinglados salieron ilesos del sarao. Para recuperarlos hay que invertir de nuevo dinero público. El PP nos vendió la moto de que la fiesta del motor nos iba a salir gratis, y nos ha costado un Potosí. Hubo responsables políticos, como Camps, que escurrieron el bulto. Empresarios, como Jorge Martínez Aspar que se prestó a encabezar el tinglado de Valmor Sport SL, constituido en mayo de 2007, en plena campaña electoral para camuflar la malversación del dinero público, esperan en capilla el dictamen judicial. No hay pan para tanto chorizo.     

  

INDICIOS

                  “Indiciariamente” la actual cúpula del PP ha cometido muchos delitos. ¿Sólo indicios? También hay algunas pruebas. En las múltiples conversaciones grabadas en el episodio de espionaje que sacudió durante meses la Comunidad de Madrid, hay sobrados testimonios de cómo actúa una red mafiosa creada para delinquir. Rafael Palencia, constructor y expresidente de Degremont, empresa dedicada a la gestión de residuos, relató en una conversación con el gestor del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, cómo se alimentaba la caja “B” del PP. Palencia habla de sus contribuciones extraordinarias de 35 mil € al PP para ser “agraciado” con adjudicaciones públicas. Y como luego, daba al PP el 3% del contrato obtenido. Un eficaz método para mantener una financiación extra al margen de cualquier control democrático. Con ese dopaje acudió el PP a múltiples citas electorales. Madrid no fue la excepción. El eje de la prosperidad pasaba por València camino de Baleares, donde Matas servía de modelo a Camps y Aguirre, los otros dos pilares del viaducto de la corrupción.

FINANCIACIÓN

                  Contrasta este muestrario de despilfarros protagonizados por el PP, con el maltrato que recibimos los valencianos en los Presupuestos Generales. No es justo. Ahora que todo el mundo reivindica los parabienes de la Constitución del 78, bien estaría que se recordara que su artículo 156 dice que “las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Del dicho al hecho hay un gran trecho por el que perdemos derechos a raudales. 

Si el Estado no financia adecuadamente las competencias transferidas se priva a los ciudadanos de ese territorio de derechos que le corresponden. La Valenciana es la comunidad peor financiada del Estado. Nuestro PIB ha caído más que en el resto. Una deficiente financiación acumula deuda hasta límites insoportables. El recurso a préstamos para poder hacer frente al gasto ordinario añade intereses a esa deuda. Una pesada losa que lastra las políticas sociales autonómicas. 

Hablar de igualdad en esas condiciones es una ilusión óptica. Por si fuera poco cargar con ese peso, el Ministerio que gestiona Montoro nos considera una autonomía rica, y nos impone una contribución al fondo interterritorial. Con un 11% de la población y el 10% del PIB, tan solo recibimos el 3,5% de las inversiones del Estado. No es raro que todas las fuerzas sociales y políticas, excepto el PP, se hayan puesto de acuerdo en reivindicar lo que nos corresponde. La manifestación unitaria del 18-N debería ser el punto de inflexión, el final del desguace.    

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com