EL TESTIGO

Por primera vez un presidente de gobierno español en activo declaró en la Audiencia Nacional. El PP es cómplice a título lucrativo de un delito de corrupción. Lo hizo como testigo, pero en lugar de en el banquillo se sentó donde tenía su encuadre más favorable. ¿Trato excepcional?, seguro. Rajoy estaba obligado a decir la verdad, toda la verdad. ¿La dijo? El falso testimonio se zanja con un par de avemarías y unos padrenuestros. Con un poco de penitencia se limpian aquí los asuntos de conciencia. ¿Y las consecuencias penales? Esas las dirá el juez, si ha lugar, y si algún día llega a saberse que Don Mariano mintió cuando estaba obligado a decir la verdad.

                  Desde que Garzón pusiera el ojo de la justicia en la trama Gürtel, no ha habido día sin noticia. “Una trama contra el PP”, así la calificó el máximo responsable… del partido, no de la trama. La puesta en escena de aquella rueda de prensa de hace 8 años, con Rajoy rodeado por un ramillete de ahora imputados dirigentes del PP, merece figurar en los anales del periodismo político. Con 3 décadas en la cúpula del PP, Rajoy hacía poco que había sido exaltado a la máxima autoridad de su partido en un Congreso celebrado en Feria València. Fiestorro organizado por la Gürtel, con el Bigotes de maestro de ceremonias y saldado hace unos días, en víspera de la comparecencia de Rajoy en la Audiencia. Al PP le gusta hacer sinpas allá por donde va. De casta le viene al galgo.

                  Antes que el jefe, por el banquillo de los testigos habían pasado los ex tesoreros del PP, amigos y conocidos de Rajoy, algunos hasta paisanos. La mayoría viene de AP, y como Rajoy recibieron la bendición de Fraga. Aznar es el gran ausente. Hay una cierta continuidad entre las familias del franquismo y las del PP. Continuidad que también se da en la forma de financiarse.      

                  En València, en 1989, se destapó el caso del tesorero Naseiro. La financiación ilegal del PP no es nueva. Aquella causa se ventiló con su archivo por anulación de las pruebas. Un pinchazo telefónico por un asunto de narcotráfico destapó la trama. El método, mejorado, siguió aplicándose. Años después, la red de Correa era una forma de financiación extra del PP. Y de nuevo València estaba en el epicentro. Aquí llegó Correa cuando Rajoy lo mandó a “provincias”. Aquí lo acogieron Camps y Rita con los brazos abiertos. Y aquí venía de tanto en tanto el líder supremo a repasar cómo iba el granero. Veremos qué pasa en el juicio pendiente por la financiación ilegal del PP valenciano.

PACTO DE ESTADO

                  La violencia machista causa más muertes y dolor que el terrorismo. ¿No son sinónimos? Contra el machismo ha habido consenso. Hacía falta un pacto de Estado, aunque se quede corto, para atajar la sangría. Hay que cambiar las leyes cuando son ineficaces para acabar con una lacra. Legislar es imprescindible, pero no suficiente. Una ley sin dotación económica es una ley vacía. Esta la tiene, cosa que no ocurre ni con la ley de la dependencia ni con la de la memoria histórica. La primera no cuenta con asignación suficiente en los presupuestos generales aprobados por los gobiernos del PP. Para la segunda, Rajoy presume de haber destinado “cero €”. Ambas cuestiones también merecen un pacto de Estado. A ambas pone el PP objeciones ideológicas. A la primera por ser uno de los pilares del Estado del Bienestar, objetivo a derribar por parte de la derecha. De la segunda, dice el PP con todo el cinismo del mundo que “abre heridas”. Lo que hay que abrir son los cientos de fosas comunes que salpican nuestra geografía de la ignominia.

                  Hace unos días, comenzó la exhumación de las fosas 91 y 92, y terminó la de la fosa 113 del cementerio de Paterna. Ahora hay que extraer el ADN e identificar los cuerpos. La titular del Juzgado nº2 que procedió al alzamiento de los cadáveres, renunció a judicializar el tema por tratarse de asesinatos ya prescritos. “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, ha dicho Santi Vallés, portavoz de los familiares. Se trata de que el Estado asuma su responsabilidad de exhumar e identificar a los miles de personas asesinadas y enterradas de forma anónima en fosas comunes y en cunetas. No hay venganza ni revanchismo, sólo que la justicia actue para que no sean las familias las que tengan que hacerse cargo de los elevados costes que supone la identificación de sus familiares asesinados. En Paterna lo está pagando la Diputación, a la espera de que la Llei de la Memòria Democràtica que ha preparado la Conselleria de Justícia pase su trámite parlamentario. Será un complemento necesario a la ley estatal y un instrumento imprescindible para que ningún cadáver de ninguna víctima del franquismo se quede en la fosa o en la cuneta y sin identificar. Dignidad para los testigos enmudecidos a la fuerza de nuestra historia de la infamia.    

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

AQUEL PAÍS

Lo peor de las dictaduras no es tanto la censura que imponen como la ignorancia que siembran. Terminada la dictadura, es fácil suprimir la censura, pero la ignorancia ahí queda. Cuanto más tiempo dura la autocracia más profundo es el atraso. Muchos de los debates que ahora tenemos ya fueron planteados en la II República. Algunos hasta se remontan a la Primera. Asignaturas pendientes que como piedra de Sísifo arrastramos durante décadas. Tal vez el territorial sea el debate más redundante. No hay más que leer a Pi i Margall para darnos cuenta de la persistencia de ciertas cuestiones. La territorial, por ejemplo. País de países. Nación de naciones. Estado plurinacional y autonómico. ¿Se cerró mal este tema en la Constitución del 78? Se hizo como se pudo teniendo en cuenta quien tenía la sartén por el mango y el mango también. Han pasado los mismos años que duró la dictadura. Tal vez es momento de revisar algunas cosas. El régimen del 78 ha evolucionado, ha modificado realidades y percepciones. La Constitución del 78 creó un marco legal para su posterior desarrollo. Cuatro décadas después, el Estado Autonómico ha mostrado sus  carencias. Lo que en el 78 satisfizo gran parte de nuestras aspiraciones, hoy nos parece insuficiente.

                  De un tiempo a esta parte, la llamada cuestión catalana está en las agendas. En la mediática, seguro. En la política, no tanto como debiera. Aunque no figura entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, su no resolución aboca a la ansiedad de la incertidumbre. El tema catalán es como la punta del iceberg –de tamaño similar al del recientemente desprendido en la Antártida- de la cuestión territorial. La respuesta neo liberal dada por Rajoy a la crisis no ha hecho más que agudizar las desigualdades, rompiendo las frágiles costuras de la financiación autonómica.

LA QUITA

                  Las primarias del PSPV confirmaron a Ximo Puig como su Secretario General. También que cada ámbito electoral tiene su propia dinámica. Rafa García no es Pedro Sánchez ni sus circunstancias. A pesar de eso, el alcalde de Burjassot logró el apoyo de más del 42% de una militancia menos movilizada que en la votación para el federal. Cada candidato jugó sus cartas lo mejor que supo. García a rebufo de la ola anti establishment que lideró Pedro Sánchez. Puig aferrándose a su papel en el Acord del Botànic. Ahora toca encajar los resultados. No deja de ser curioso que el PSOE de Pedro Sánchez haga socio preferente a PODEMOS, partido que junto con COMPROMÍS han hecho President del Consell a Ximo Puig. A dos años de terminar la legislatura, los retos del gobierno valenciano parecen insuperables. Con una renta per cápita por debajo de la media nacional, las y los ciudadanos de este país contribuyen al fondo de compensación interterritorial como si fuesen ricos. El pago de intereses no deja de incrementar la deuda aunque la embriden desde el Consell. En ese contexto deficitario hay que entender la propuesta de José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE, de hacer una quita de la deuda autonómica con el Estado. Una solución que llega tarde a Catalunya, pero que podría dar oxígeno a otras autonomías.

JUECES

                  La territorial no es la única ambigüedad de la Constitución. El acceso a una vivienda digna, o a la educación, son aspectos que no se escapan a una cierta interpretación torticera. No hay más que recortar las inversiones para que desaparezcan los derechos. La ausencia de viviendas sociales obliga a una parte de la población a vivir en condiciones infrahumanas. Es lo que hizo el PP allí en donde gobernó. El parque de vivienda social en Madrid y Valencia está bajo mínimos. Planificar nuevas construcciones necesita tiempo y recursos, no siempre disponibles.

                  Garantizar el acceso a la educación debería asegurar las inversiones para los centros públicos. Sin embargo, el PP priorizó el negocio y la ideología sobre la oferta pública. Esa es la herencia de los conciertos educativos que lastran cualquier proyecto de futuro. La otra herencia es el mantenimiento de un país, el valenciano, invertebrado y sin medios de comunicación propios. Otra vez la ignorancia como secuela de un régimen infame. Con esos mimbres, la Diputación de Alicante, gobernada por el PP, se ha convertido en ariete contra la enseñanza pública. Su recurso contra el decreto de plurilingüismo no deja de ser la imposición de una institución decimonónica sobre los planes educativos del Consell. Mantenimiento del statu quo al que no son ajenas algunas sentencias judiciales, a veces sesgadas, que ponen en jaque el futuro de una parte de la juventud. ¡Qué país!

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

HACIENDO EQUILIBRIOS

Las primarias han llegado para quedarse. Los militantes del PSPV deciden su secretario el domingo 16. La elección de Pedro Sánchez como Secretario General del PSOE ha marcado la campaña valenciana. Escribo estas líneas antes de que las urnas digan la suya. No es la primera vez que los socialistas valencianos eligen a su dirección por este sistema. Es fácil dudar cuando los efectos no son los esperados. ¿Qué consideran los socialistas una buena respuesta? La que mejora sus resultados electorales. En 2015 no fueron buenos para el PSPV. ¿Las primarias son la solución?, posiblemente no. Ni solucionan todo ni hacen milagros. Implican más a la militancia, eso sí. La movilizan en tiempos de conformismo y apatía. Y dan una oportunidad al debate político, tan anhelado por las bases. Aquí la sangre no ha corrido como en Ferraz aquel 1 de octubre de 2016 en que volaron más dagas que en una película de Fu Manchú. Desde hace dos años, y a pesar de obtener el PSPV sus peores resultados en unas municipales y autonómicas, Ximo Puig puede presumir de ser el President de la Generalitat. Un mérito que debe en gran parte a Compromís y Podem que supieron estar a la altura de las circunstancias. Se equivocaría el PSPV si patrimonializa l’Acord del Botànic que puso fin a dos décadas de hegemonía del PP. Tal vez, llevado por un cierto triunfalismo, Ximo Puig se ha visto con frecuencia tentado a confundir su cargo institucional con los intereses de su partido, como denuncia su contrincante en primarias, Rafa García, actual alcalde de Burjassot. La sobreactuación no es recomendable y menos cuando se gobierna en coalición. Aunque gane las primarias, ese es el talón de Aquiles de Puig: dar su apoyo incondicional a una presidenta de Andalucía poco sensible con los intereses valencianos y no contar con la opinión de la militancia del PSPV en temas importantes. Construir un partido desde el poder es una opción. Históricamente demasiadas veces empleada por los socialistas. Es un buen método para fomentar el clientelismo y la corrupción. Consolidar un partido al margen del poder que detente es más difícil, pero suele dar resultados más estables. Un dilema que afecta a todos. El trasfondo de las primarias del PSPV es la hegemonía en la izquierda y el valencianismo, un espacio de apenas 60 mil votos -los que separan al PSPV de Compromís- y mínima distancia si se tiene en cuenta la volatilidad del electorado. 

EN COMÚ

                  Martes 11 de julio, Jordi Peris, portavoz de València en Comú, uno de los tres pilares del gobierno municipal, dimite como concejal. ¿Peris era el eslabón más débil de VeC? Tal vez. Un poco de historia. Martes 23 de septiembre de 2014, una multitudinaria asamblea en el teatro Micalet decide, no sin dificultades, converger electoralmente. Así nació Guanyem València, un movimiento asambleario tras la estela del 15M. Un neonato Podemos competía con Esquerra Unida por el espacio abierto por los indignados en 2011. Los anticapitalistas eran bisagra. Este movimiento asambleario atravesó numerosas zozobras y cambios de nombre. Como resultado de unas primarias salió una candidatura encabezada por personas próximas al 15M y a Podemos. Las urnas dieron tres concejales a VeC, ninguno de EUPV que tampoco lo logró en su candidatura oficial, quedándose por primera vez fuera del Consistorio. Compromís, PSPV y VeC no tardaron en llegar a un acuerdo para acabar con 24 años de hegemonía del PP y formar un gobierno tripartito encabezado por Joan Ribó.

                  A las tensiones usuales en las nuevas formaciones políticas, como es el caso de VeC, se suma la reclamación de EUPV de su parte en la coalición. Entraron en el grupo por la cuota de asesores. Con la salida de Peris, Neus Fàbregas –de EUPV y ex asesora de VeC- accede al govern de “la Nau” . ¿Terminarán los injustificados ataques de EUPV a Ribó? Ya se verá. Y, ¿qué hará Podemos?

PROTECCIÓN

                  La gestión de la pluralidad no es fácil. Y menos en vísperas electorales. Pasado el ecuador de la legislatura, la diferentes fuerzas que conforman el Consell de la Generalitat y el Consistorio tendrán que redoblar los esfuerzos para que sus diferencias no pongan en cuestión los gobiernos del cambio. Las primarias del PSPV son una prueba. También la reorganización de los grupos. Conselleres, concejales, diputados y asesores de ambos sexos, marcan territorio a veces sin tener en cuenta dónde dejan caer la meada. La prudencia no es mala consejera. Hace unos días, el derribo del llamado “casinet” del Cabanyal encendió algunas alarmas. El edificio no estaba protegido. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Ahora que se puede, habrá que proteger la democracia.

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com

EN MITAD DE LEGISLATURA

Dos de cuatro. Son los años que quedan para terminar la legislatura autonómica y municipal. O si miramos el vaso medio vacío, los que van desde esas últimas elecciones. Tiempo de reflexión, de balance, de revisar lo hecho y lo que queda, de desesperarse por lo poco avanzado en lo primero y lo mucho que falta por hacer. Dos años del Acord del Botànic y de La Nau. Actas fundacionales de los nuevos gobiernos autonómico y local tras más dos décadas de hegemonía del PP en ambas instituciones. Aquellos días de finales de primavera y comienzo del verano de 2015 conmocionaron la terreta. “¡Vaya hostia, Serafín!”, susurró Rita al oído de Castellano. No era para menos. Era el fin de un régimen en el que el PP había gozado de mayorías absolutas en todas las instituciones valencianas. Dos décadas con las manos libres para hacer lo que quiso. Y lo hizo. ¡Vamos si lo hizo! Su legado aún segrega pestilentes lixiviados de los cajones de la administración. Algunos supuran por las costuras de Feria Valencia. Hasta un desayuno (¿con diamantes?) de Aznar corrió a cargo de la institución ferial, silente pagadora de los “simpas” del PP. Hace unos días, numeroso material didáctico fue encontrado en una nave de Riba-roja. Material pagado por CIEGSA con dinero público que nunca llegó a su destino. ¿A cuánto asciende el saqueo?

MAREA BAJA

                  La ola privatizadora del PP inundó todo. Las partidas más suculentas a las que hincarles el diente eran las que disponían de más recursos, o sea, sanidad y educación. Para la primera, el PP patentó el modelo Alzira. La iniciativa privada construía hospitales a cambio de su gestión durante años. Los suficientes para sacarle una suculenta rentabilidad al negocio. El Hospital de la Ribera, el primero y el que dio nombre al experimento, tan solo tardó un año en pedir al Consell mejoras en su contrato para aumentar el beneficio. Revertir la privatización de los servicios básicos es un deber democrático, pero costará más de una legislatura. Llegó la bajamar y hay que limpiar la playa.

                  Algo parecido hizo el PP en educación, con la diferencia de que una empresa pública –CIEGSA- se encargó de la construcción y mejora de los centros. Retrasos, barracones, sobrecostes, mordidas,… acompañaron a CIEGSA desde su creación por Zaplana. La entidad está en el epicentro de la financiación ilegal del PP. Dopaje con el que el partido de Rajoy afrontó sus campañas electorales. Disponer de dinero extra facilitó sus mayorías absolutas. El retraso en completar la red pública justificó la multiplicación de los conciertos con centros privados. Un pesado lastre que necesitaría para superarlo un plan de choque similar al que puso en marcha la II República. 

                  A veces la herencia recibida es una fatigosa carga arrastrada durante años como una hipoteca infinita. Piedra de Sísifo para nuestro sufrido país, condenado a cargar con ella y sin más recurso que sus menguantes fuerzas, esquilmadas tras décadas de insuficiente financiación.

ASUNTOS PENDIENTES

                  Si para la administración autonómica, la financiación es el principal lastre, en la municipal, además de la falta de recursos económicos, también pesa la endiablada burocracia. Los años de recortes y austeridad, y el techo del gasto -hasta ahora escrupulosamente respetado por Consell y Ayuntamiento- han limitado la capacidad inversora. Proyectos como el Parque Central o las mejoras de los poblados marítimos van a ralentí. Son obras con plazos largos de ejecución y un empleo continuado de recursos. Bien lo saben los vecinos del Cabanyal, a los que les gustaría salir cuanto antes de la pesadilla en la que viven desde hace años. Rita catalizó el desastre.

                  También faltan inversiones del Estado. No estamos entre las prioridades de Rajoy y su cohorte. Es lo que pasa con el eje ferroviario por el litoral mediterráneo. Una obra importante para la economía, no sólo la nuestra, y que el ejecutivo de Rajoy minusvalora. Dar a unos y negar a otros, eso también es hacer política, aunque sea injusta. Un país se hace con presupuestos e inversiones.

                  El Estado Autonómico no deja de ser una estructura administrativa para gestionar mejor los servicios ciudadanos. Si se corta su financiación, el Estado del bienestar muere y la democracia se devalúa. Y Montoro usa lo que es de todos como zanahoria para ganar adeptos al PP. ¡Será ruin!  

                   No es cierto que viviríamos en el mejor de los mundos posibles si no fuera por los otros. Primarias, nuevos liderazgos,… son olas en las, a pesar de todo, tranquilas aguas de las coaliciones del cambio. Lo peor es que no se visualiza lo que se hace. La información sigue en un agujero negro. 

URBANO GARCIA

urbanogarciaperez@gmail.com