Por primera vez un
presidente de gobierno español en activo declaró en la Audiencia Nacional. El
PP es cómplice a título lucrativo de un delito de corrupción. Lo hizo como
testigo, pero en lugar de en el banquillo se sentó donde tenía su encuadre más
favorable. ¿Trato excepcional?, seguro. Rajoy estaba obligado a decir la
verdad, toda la verdad. ¿La dijo? El falso testimonio se zanja con un par de
avemarías y unos padrenuestros. Con un poco de penitencia se limpian aquí los
asuntos de conciencia. ¿Y las consecuencias penales? Esas las dirá el juez, si ha
lugar, y si algún día llega a saberse que Don Mariano mintió cuando estaba
obligado a decir la verdad.
Desde que Garzón pusiera el ojo de la justicia en
la trama Gürtel, no ha habido día sin noticia. “Una trama contra el PP”, así la
calificó el máximo responsable… del partido, no de la trama. La puesta en
escena de aquella rueda de prensa de hace 8 años, con Rajoy rodeado por un
ramillete de ahora imputados dirigentes del PP, merece figurar en los anales del
periodismo político. Con 3 décadas en la cúpula del PP, Rajoy hacía poco que
había sido exaltado a la máxima autoridad de su partido en un Congreso
celebrado en Feria València. Fiestorro
organizado por la Gürtel, con el Bigotes
de maestro de ceremonias y saldado hace unos días, en víspera de la
comparecencia de Rajoy en la Audiencia. Al PP le gusta hacer sinpas allá por donde va. De casta le
viene al galgo.
Antes que el jefe, por el banquillo de los testigos
habían pasado los ex tesoreros del PP, amigos y conocidos de Rajoy, algunos
hasta paisanos. La mayoría viene de AP, y como Rajoy recibieron la bendición de
Fraga. Aznar es el gran ausente. Hay una cierta continuidad entre las familias
del franquismo y las del PP. Continuidad que también se da en la forma de
financiarse.
En València, en 1989, se destapó el caso del
tesorero Naseiro. La financiación ilegal del PP no es nueva. Aquella causa se
ventiló con su archivo por anulación de las pruebas. Un pinchazo telefónico por
un asunto de narcotráfico destapó la trama. El método, mejorado, siguió
aplicándose. Años después, la red de Correa era una forma de financiación extra
del PP. Y de nuevo València estaba en el epicentro. Aquí llegó Correa cuando
Rajoy lo mandó a “provincias”. Aquí lo acogieron Camps y Rita con los brazos
abiertos. Y aquí venía de tanto en tanto el líder supremo a repasar cómo iba el
granero. Veremos qué pasa en el juicio pendiente por la financiación ilegal del
PP valenciano.
PACTO DE ESTADO
La violencia machista causa más muertes y dolor que
el terrorismo. ¿No son sinónimos? Contra el machismo ha habido consenso. Hacía
falta un pacto de Estado, aunque se quede corto, para atajar la sangría. Hay
que cambiar las leyes cuando son ineficaces para acabar con una lacra. Legislar
es imprescindible, pero no suficiente. Una ley sin dotación económica es una
ley vacía. Esta la tiene, cosa que no ocurre ni con la ley de la dependencia ni
con la de la memoria histórica. La primera no cuenta con asignación suficiente
en los presupuestos generales aprobados por los gobiernos del PP. Para la
segunda, Rajoy presume de haber destinado “cero €”. Ambas cuestiones también
merecen un pacto de Estado. A ambas pone el PP objeciones ideológicas. A la
primera por ser uno de los pilares del Estado del Bienestar, objetivo a
derribar por parte de la derecha. De la segunda, dice el PP con todo el cinismo
del mundo que “abre heridas”. Lo que hay que abrir son los cientos de fosas
comunes que salpican nuestra geografía de la ignominia.
Hace unos días, comenzó la exhumación de las fosas
91 y 92, y terminó la de la fosa 113 del cementerio de Paterna. Ahora hay que extraer
el ADN e identificar los cuerpos. La titular del Juzgado nº2 que procedió al
alzamiento de los cadáveres, renunció a judicializar el tema por tratarse de
asesinatos ya prescritos. “Los crímenes de lesa humanidad no prescriben”, ha
dicho Santi Vallés, portavoz de los familiares. Se trata de que el Estado asuma
su responsabilidad de exhumar e identificar a los miles de personas asesinadas
y enterradas de forma anónima en fosas comunes y en cunetas. No hay venganza ni
revanchismo, sólo que la justicia actue para que no sean las familias las que tengan
que hacerse cargo de los elevados costes que supone la identificación de sus
familiares asesinados. En Paterna lo está pagando la Diputación, a la espera de
que la Llei de la Memòria Democràtica
que ha preparado la Conselleria de Justícia pase su trámite
parlamentario. Será un complemento necesario a la ley estatal y un instrumento
imprescindible para que ningún cadáver de ninguna víctima del franquismo se
quede en la fosa o en la cuneta y sin identificar. Dignidad para los testigos
enmudecidos a la fuerza de nuestra historia de la infamia.
URBANO GARCIA
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