La delgada línea que separa un Estado de Derecho de
uno autoritario a veces se vuelve tan sutil que cuesta distinguir los límites.
Cuando la democracia devalúa su calidad hasta extremos difícilmente
homologables, pierde el sentido hablar de división de poderes o de las mínimas
garantías democráticas. El asalto por el PP de los principales órganos del
poder judicial no tiene parangón desde la reinstauración de la democracia. Se
trata de una recesión en toda regla. El partido en el gobierno lo hace para
protegerse. La de los órganos judiciales es su última barrera para evitar una
condena a la gestión de sus asuntos, que son los de todos, pero que al PP le
han servido para conseguir una hegemonía que no le correspondía, o al menos cuya
legalidad está en cuestión. Alguna
elección general y al menos un par de autonómicas y otras tantas municipales
las ganó el PP por holgada mayoría gracias a concurrir “dopado” a los comicios.
¿Es legal? No, pero échale un galgo. ¿Quién responde por esas legislaturas
ganadas fraudulentamente? ¿Quién se hace cargo de los daños ocasionados? No
seamos ingenuos. Cuando un partido gana en las urnas, aplica sus políticas que
no benefician necesariamente a la mayoría. Estamos hartos de verlo, ni la
amnistía fiscal, ni el rescate bancario, ni la indulgencia con las puertas
giratorias,… son medidas pensadas para la mayoría. Otra cosa es que,
aprovechando nuestra ignorancia, nos las vendan como tales. Y ya se sabe que la
ignorancia no exime del cumplimiento de las leyes, las dicte Aguirre o su
porquero.
REPROBACIÓN
Desde
que el reprobado Catalá se hizo cargo del Ministerio de Justicia, los
escándalos en su departamento no han cesado. Si polémico fue el nombramiento de
Manuel Maza como Fiscal General del Estado, más lo está siendo el de Manuel
Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción. Aún se oían los ecos de la conversación
de Zaplana con González sobre “las bondades de los últimos nombramientos en Justicia”,
cuando InfoLibre destapaba los negocios familiares de Moix en el paraíso fiscal
de Panamá. “Es tiempo de mudanza”, ha dicho la Unión Progresista de Fiscales
sumándose a la petición de relevar a Moix por un fiscal menos cuestionado y más
decente. Inmediatamente, Catalá y Rajoy han renovado su confianza en Moix y
Maza. Es más, no han tenido el más mínimo reparo en promocionar a Concepción
Espejel, Concha para Cospedal y sus amigos, como Presidenta de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, la misma que verá los casos de financiación
ilegal del PP y la Gürtel, causa de la que fue recusada junto con Enrique López
por su proximidad al PP. Ahora, quienes la recusaron estarán bajo sus órdenes.
Y es que como dice Ignacio Escolar, “cuando el PP tiene un problema con la
justicia no cambia de abogado, cambia de juez”
DEUDAS
Otra
juez, Nieves Molina, ha vuelto a archivar –y van dos- la causa del accidente de
metro del 3 de julio de 2006. La magistrada vuelve a considerar al conductor
como único responsable del siniestro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron
heridas. Para la juez, como para el PP, el accidente fue imprevisible e
inevitable. Y es que a Nieves Molina le faltó tiempo para ordenar la
destrucción de los vagones implicados en el accidente. Prueba fundamental para
certificar su mal estado. La falta de inversiones en el transporte público fue
la verdadera causa de un accidente previsible y evitable. Esa fue la conclusión
de la segunda Comisión de Les Corts
que señaló unos responsables políticos que, aunque perdieron las elecciones, siguen
sin responder por las consecuencias de sus políticas. La Fiscalía recurrirá este
archivo. Veremos en qué queda esta nueva deuda judicial. Mientras, por la
Audiencia Nacional continúan desfilando los causantes del saqueo de la CAM,
casi todos con carné del PP. Más de 120 mil millones de € costó su
rescate.
Aunque
para deudas las generadas por la Fórmula 1. Un evento de coste CERO, según
Camps, Fabra y Rita, que sin embargo nos costará más de 300 millones de € y que
hipoteca el futuro de València. El actual Consell
pide vía judicial a la ex Consellera
Lola Johnson y a 4 cargos del gobierno Camps la devolución de 24 millones de €,
como responsables directos de la compra de Valmor (dirigida por Aspar) por la
Generalitat por 1€. No hay juzgados para tanto chorizo.
NOTA: El viernes 2, a las 20h, en los Cines Aragón se
estrena “Classe Valenta”, un
documental dirigido por Víctor Alonso en el que pensadores como Lakoff y Owen
Jones, entre otros, hablan de cómo el lenguaje condiciona nuestra percepción
del mundo y de la política. De visión recomendada.
URBANO GARCIA
urbanogarciaperez@gmail.com
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