“El Congreso de los Diputados puede exigir la
responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta
de la moción de censura” (Artº 113.1 de la Constitución Española) ¿Hay motivos
para exigirla? Los hay de sobra. ¿Hay una mayoría alternativa a la gobernante? No
está claro, o sí. Entonces, ¿qué finalidad tiene poner una moción de censura? Se
me ocurren unas cuantas, entre otras poner negro sobre blanco y ante la opinión
pública todo lo que está haciendo el PP en contra de la mayoría. Siempre es un
placer oír a los diputados/as su opinión sobre el estado real del país. Una siempre
necesaria puesta de los píes en tierra de sus señorías.
Si
nos atenemos a los hechos, ninguna de las dos mociones planteadas desde la
reinstauración de la democracia en 1978 han logrado cambiar al gobierno. Y es
que la “moción de censura constructiva” que marca la Constitución forma parte
de un sistema que prioriza la estabilidad política por encima del control
parlamentario. En mayo de 1980, el PSOE planteó una a Adolfo Suárez. Sólo dos
años después, y con el golpe de Estado del 23F de por medio, Felipe González
llegó a la Moncloa. En marzo del 87 fue Alianza Popular quien puso una moción
de censura a Felipe González. El candidato alternativo a presidir el gobierno,
Hernández Mancha, no solo no se consolidó en AP sino que fue fulminado por el
dedo todopoderoso de Manuel Fraga.
LA VÍA VALENCIANA
En
vísperas de ventilarse la moción de Unidos-Podemos, la mayoría del Congreso ha
aprobado los Presupuestos Generales. Un PP en minoría ha mercadeado con los
dineros de todos, repartiendo conforme a su interés más inmediato: la
permanencia de Rajoy en la Moncloa. Montoro ha comprado los votos del PNV
mejorando el cupo vasco, un exclusivo sistema que sitúa a Euskadi como la
autonomía mejor financiada. Para atraer el voto del único diputado de Nueva
Canarias, el PP, además de dinero, ha dado al territorio insular lo que desde
hace años le viene negando: mejoras en el precio del transporte. Por contra, la
valenciana es la que peor parada sale de unos presupuestos que dibujan un
Estado fracturado territorial y socialmente. Al deficiente sistema de
financiación se suman unos Presupuestos que dan la espalda a las necesidades
más básicas de la población. Y, ¿qué decir de las inversiones necesarias para
relanzar la economía valenciana? Estas brillan por su ausencia. Estamos pues
ante el enésimo agravio del gobierno Rajoy. Su forma de acabar con cualquier
alternativa es negarnos el pan y la sal. Sitiar al pueblo valenciano
recortándole el flujo económico hasta conseguir su sumisión. El objetivo del PP
es abatir al gobierno salido del Acord
del Botànic, un pacto que acaba de cruzar el ecuador de la legislatura sin
hacer recortes y recuperando parcelas de atención pública privatizadas por el
PP. Un gobierno bipartito (PSPV-Compromís), apoyado por Podemos, que ha
cambiado las prioridades, dejando atrás la corrupción y poniendo por delante a
las personas. El éxito de la vía valenciana es lo que el PP busca hundir.
Recortando la caja o dificultando la aplicación de leyes autonómicas que
mejoran la vida de la gente.
La
vía valenciana es parecida a la portuguesa. Los lusos han logrado con un
gobierno formado por socialistas, comunistas y el Bloco (parecido a Podemos)
rebajar el déficit a menos del 3%. Portugal ya no está en el punto de mira de
la troika. Objetivo lejano para Rajoy Manostijeras.
DEBATE
Devaluación
democrática y crisis de representatividad suelen ir juntas. Cuando eso ocurre, la
puerta de la desafección se abre de par en par. Los electores se rinden a la
abstención o abrazan a gurús con recetas de falsos paraísos. En algunos casos, se
pide mayor calidad democrática. Entonces, se intentan cubrir los fallos de la
democracia representativa con parches de democracia deliberativa. A fin de
cuentas, ambas están unidas por vasos comunicantes y tienen un mismo objetivo:
mejorar la participación y estabilizar el sistema. La moción de censura no deja
de ser una oportunidad para debatir. Dudo mucho que Rajoy acepte el reto. No va
con su talante.
NOTA: Desde que Aznar renovó la capacidad de los
arzobispados de inmatricular propiedades, el patrimonio de la iglesia católica
ha crecido exponencialmente. Un ejemplo es la Mezquita de Córdoba. No es el
único. Antes de que la oposición lleve al Parlamento una propuesta para acotar
este abuso, el PP quiere censar el patrimonio eclesiástico obtenido mediante
esta artimaña legal. A ver si así nos enteramos de las propiedades que tiene la
Iglesia en Valencia y que no pagan el IBI.
URBANO GARCIA
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