4 de abril, Dimitris Christoulas, jubilado de 77 años, se pegó un tiro en
la plaza Syntagma de Atenas, frente
al parlamento griego. Vivir para él era un suplicio y el futuro que vislumbraba
aún era peor, viendo cómo le recortaban su ya de por si escuálida pensión.
Quienes están pagando la mal llamada crisis no son quienes la provocaron, los
especuladores financieros y de todo tipo que han saqueado y saquean las arcas
públicas. Quien la está pagando es la gente corriente, las clases medias y los
que menos tienen. Dimitris nunca vivió por encima de sus posibilidades. Lo que
pasa es que eran tan escasas que al recortárselas se quedaron en menos que
nada. A Dimitris le dolía la impotencia de verse arrastrado por los mal
llamados mercados más allá de la miseria. ¿Quién cuantifica el dolor causado
por la crisis? ¿Y la salud? No hace falta remontarse a la primera revolución
industrial, novelada por Dickens, para encontrar espejos.
Hace
unos días, tras el suceso en Atenas, Gaspar Llamazares alertó sobre el
incremento de los suicidios a causa de la crisis. Rompió el silencio sobre un
tema tabú. Un silencio justificado en el efecto imitación. Pero también un
silencio para ocultar el dolor causado por la mal llamada crisis entre quienes
menos tienen. El dolor, la angustia, la pérdida de derechos, la impotencia y el
miedo ante el futuro,…son factores que inciden en la salud física y mental.
REPAGO
“Son
unos pocos euros,…apenas 4 cafés”, así hablaba el Presidente del Gobierno del
llamado medicamentazo. Sin entrar en el debate sobre a quién se le ocurrió la
idea de utilizar por primera vez “repago” para hablar del “copago”, yo al
primero que se la oí fue a Llamazares. El líder de Izquierda Unida es médico y
ha sido la voz más autorizada en la comisión parlamentaria de sanidad. A él le
oí el mejor argumentario en defensa de este calificativo. La sanidad pública, que
incluye también la casi gratuidad de las medicinas, la pagamos con nuestros
impuestos. Por tanto, cualquier nueva aportación directa del ciudadano supone pagar
dos veces por el mismo servicio. Es decir, repagar lo ya pagado. Pero la
perversión de la ley aprobada por el gobierno de Rajoy, dinamitero de la paz
social y de los consensos, va más allá. Pensionistas y enfermos crónicos también
repagarán más por las medicinas que precisen. Injusto y vergonzoso. Y abre la
puerta para que quienes más tienen dejen de contribuir con sus impuestos al
mantenimiento de la sanidad pública. No será ahora, en este primer asalto, pero
no tardaremos en oír voces insolidarias negándose a financiar una sanidad
pública que no usan. Tiempo al tiempo. La crisis se ha convertido en una
excelente excusa para justificar todo tipo de ajustes, una gran oportunidad
para la derecha en su política de sustituir el estado del medioestar por el del malestar. El asalto a las conquistas sociales
realizadas en los años que llevamos en democracia está en marcha si no le
ponemos remedio.
LABORATORIO
En
el tema del repago sanitario, como en tantos otros, los valencianos somos conejillos
de indias. Seremos los primeros en repagar los medicamentos. También nosotros
fuimos el laboratorio en el que se experimentó privatizar la gestión de los
hospitales públicos. El modelo Alzira, tan ruinoso para las arcas públicas, ha
sido exportado a otras autonomías gobernadas por el PP. Y los experimentos no
se quedaron ahí. Hasta la ayuda a la cooperación en sus aspectos sanitarios se
ha visto afectada por una gestión en la que brilló el mangoneo y faltó la
transparencia. Desde hace tiempo, Sergi Pitarch lleva poniendo negro sobre
blanco en las páginas del diario Levante los trapicheos de un Conseller,
Blasco, en sus tiempos de gestor de estas ayudas. El hospital de Haití, con un
coste de más de 3 millones de €, es el paradigma de todas las corruptelas
posibles en una administración gobernada con nepotismo y opacidad.
Fabra, heredero de Camps que a
su vez heredó de Zaplana, dice que sobra el 40% de los funcionarios
valencianos. Una nómina que el PP y sólo el PP engordó con sus enchufismos. Dice
el Molt Honorable que el recorte no
afectará ni a la sanidad ni a la educación. Pero es que ya está afectando. Sólo
hay que ir a hospitales y centros educativos para comprobarlo. Dice el Molt Honorable que nadie se irá a la
calle, que el personal sobrante irá a las empresas públicas que se privaticen, de
46 pasarán a ser 6. Después de lo visto, ¿es creíble lo que diga este gobierno?
Esta tierra, antaño de
oportunidades, está a punto de ser intervenida, como si no lo hubiera estado
desde que el PP se adueñó de todo, haciendo de nuestra capa su sayo para vestir
políticos que han esquilmado hasta la médula a sus confiadas gentes. El PP
habla de “mejorar la calidad sanitaria” cuando deja de ser universal y
gratuita, pagaremos más por menos y peores servicios. Hay que ser embustero
compulsivo para decir una cosa y hacer la contraria.
URBANO GARCÍA
urbanogarciaperez@gmail.comFOTO: Urbano García
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