LA DIPU

Aún olía a azufre en el Palau de la Batlia, sede de la Diputación de Valencia, cuando en 1979 -gracias a la suma de PSPV y PCPV-, Manuel Girona llegó a la presidencia de la institución provincial y tomó posesión de su cargo. A Girona le tocó remangarse, coger la garrafa de zotal, enfundarse los guantes de nitrilo y disponerse a desinfectar las estancias desde las que, hacía bien poco, su antecesor, el aún franquista Ignacio Carrau, había encendido la mecha de la llamada “batalla de Valencia”. No lo tuvo fácil Girona. Le tocó desmontar el aparato provincial de la dictadura, sin instalar la guillotina en la plaza Manises. Todo un mérito, y eso que algunos ectoplasmas del Ancienne Régimeque vagaban por el Palauprovincial, querían darle garrote,a él y a todo demócrata que se pusiera a tiro. Hasta entonces, a su vecino institucional, a Josep Lluis Albinyana, presidente de un Consellsin competencias ni funcionarios, Carrau se las había hecho pasar canutas. La democracia tardó en llegar al poder local. El relevo en la Casa Consistorial no se hizo hasta el 21 de abril, una semana después del 14, fecha señalada donde las haya en asuntos de municipalismo democrático. Fue el fin del periodo franquista, pero las Diputaciones continuaron. 

             En 2015, cuando Jorge Rodríguez atravesó como Presidente el umbral de la Dipu, olía mal en el Palau de Batlia. No era a azufre, pero se le parecía. Entre su llegada y la de Girona había pasado la friolera de 36 años, pero el mal olor seguía. ¿No se había ido o es que había vuelto? Más lo segundo que lo primero. Además del pestilente tufo, el PP dejó en la Dipu un laberinto de covachuelas y divertículos llenos de mierda a punto de provocar una septicemia. Durante las dos décadas en las que el PP hizo y deshizo a su antojo en las instituciones valencianas, la Dipu externalizó servicios, privatizó la gestión de lo público para hacerlo más opaco y convirtió la sede provincial en el epicentro de una espesa red clientelar cuyos tentáculos llegaban hasta el rincón más remoto de la provincia. En ese caldo medraron los yonkisdel dinero. Desmontar ese tinglado no es fácil, nadie lo duda. Todos las fuerzas del cambió están por la labor. ¿Por qué no se hizo?   

 IMELSA vs. DIVALTERRA 

                  Para cambiar las cosas, no suele ser suficiente con cambiar el nombre. IMELSA pasó a ser DIVALTERRA. Cambió el organigrama, sí. Mejoró la transparencia, sí. Aumentó la eficiencia, también. No está tan claro que dejara de ser usada como instrumento clientelar. Al menos eso es lo que se desprende de algunos nombramientos de alta dirección denunciados en la Operación Alquería. Hay una responsabilidad política asumida con una celeridad a la que no estábamos acostumbrados. “El listón está muy alto”, dijo Mata. ¿No será que antes estaba demasiado bajo?, digo yo. A Rodríguez le costó dimitir de la Dipu. No era fácil. Más le costó delegar la alcaldía. Al final lo hizo, forzado por las circunstancias y por un Ábalos cuyo aliento siente en la nuca. ¿Vuelven las dagas a volar en Blanquerías? El tema merece una reflexión. No el de las dagas, allá quienes las lancen en tiempos tan confusos. Es mucho más importante el de las redes clientelares. Ese es el carcinoma de la política. Eso es lo que hunde el prestigio y la credibilidad. Ahí está uno de los factores del alejamiento político de la ciudadanía. De su pertinaz malestar y desconfianza. 

                  Las Diputaciones se implantaron en el siglo XIX, imitando un poco el modelo francés. Nacieron para mejorar la gestión local, pero antes de terminar el siglo ya eran instrumentos en manos de los caciques. Intentos de reformular el modelo, como las Mancomunidades, sólo cuajaron en Catalunya. El franquismo hizo de las Diputaciones un mecanismo útil para controlar el poder local. El pacto de debilidades que fue la Transición, les dio vitola de constitucionales. Los demócratas no supieron muy bien qué hacer con ellas. Y en esas estamos. Hay un cierto consenso en vaciarlas de contenido. Ahí está la ley aprobada en tiempos de Lerma que permite transferir sus competencias a la Generalitat. ¿Falta voluntad política o sobran intereses espurios?  

MIENTRAS TANTO…

                  ¿Qué hacer con ellas? Su capacidad recaudatoria les facilita tener solvencia económica. Bien está que el superávit lo inviertan en cuestiones que nadie atiende. Pienso en la memoria histórica, por ejemplo. Si no fuera por la Dipu, seguramente las fosas comunes del cementerio de Paterna seguirían sin poderse exhumar. También en eso, en cómo se emplean sus recursos está la diferencia. Mientras sus competencias son transferidas a la autonomía, algo habrá que hacer con ellas, digo yo. 

URBANO GARCIA

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