EN LIQUIDACIÓN

 Así está el país y así está la Generalitat, en proceso de liquidación. La mayoría de las empresas públicas dependientes del gobierno valenciano arrastra pérdidas. Eso no sería problema si no fuera por que la creación de una gran parte de ellas era totalmente innecesaria. Su principal papel ha sido el de servir de covachuelas para que medraran algunos espabilados al calor de la política partidista, como podrían haberlo hecho con el tráfico de blancas. Pura delincuencia. De aquellos polvos, estos lodos. Existe una Generalitat paralela conformada por unas 80 empresas y fundaciones que viven del erario y emplean a más de 10 mil trabajadores. Después de la fase de “refundición” en la que están, tan solo quedarán 6 macro entes en los que habrá de todo, pero que servirá para poco. El teatro público, la producción audiovisual, los museos,… son algunas de las ofertas engullidas por estos contenedores cuyo único fin es liquidar mejor su contenido. Fuera quedan “joyas de la corona” como el IVAM y alguna otra excepción. Todo lo demás está siendo adelgazado con dieta espartana. Para ello se usa la mal llamada reforma laboral, instrumento de demolición masiva de empleo, privado y público. Desde su aprobación por el gobierno de Rajoy, sin diálogo ni consenso, los Expedientes de Regulación de Empleo se han multiplicado exponencialmente, y con ellos las listas del paro.   

            En nuestro caso, no vale argumentar la herencia recibida. El heredero es sangre de la sangre de su antecesor, y del antecesor de éste. La responsabilidad política se arrastra desde que Zaplana alcanzó la presidencia de la Generalitat tras “repartirse el pollo” con González Lizondo. Del 95 parte la hegemonía del PP en tierras valencianas. Desde entonces, tanto lo hecho, como lo no hecho, es responsabilidad del PP. Y sus votantes son corresponsables del mal gobierno que tenemos. No hay excusa que valga para eludir esas responsabilidades y bien harían en tenerlo en cuenta.

REMODELANDO

            La dimisión del Conseller de Hacienda, José Manuel Vela, –un daño colateral más del caso Cooperación- forzó al Molt Honorable a adelantar la remodelación de su gobierno. Para Fabra, una oportunidad de liberarse del lastre dejado por Camps. El señor de los trajes se rodeó de abogados buscando protegerse de las investigaciones judiciales. Al final fueron los amigos y el poder quienes le absolvieron, y su Consell pasó a estar en liquidación. Era cuestión de tiempo, el que ha necesitado Fabra para ir encajando la maraña de intereses que hay en el PP valenciano. ¿Lo ha logrado? Parece que sí, al menos en parte. ¿Y Serafín? El de Benisanó se sabe todas las argucias para sobrevivir en esa jungla. El que fuera mano derecha de Zaplana no dudó en capitanear, en 2004 y desde el grupo parlamentario que dirigía, el plantón a Camps. Luego sería su escudero. Ahora lo es de Fabra. El President parece que se ha limitado a retocar la primera línea de mando, pero sin recortar la abultada nómina de segundones, más de 300 según los papeles.

            También pilló por sorpresa a Fabra la dimisión del Director de RTVV. Desde que el PP decidió liquidar la radio televisión pública valenciana, el papel de Jaraba era puramente decorativo. Ahora un comodín, Juan Prefaci, será el encargado del desguace. Porque de eso se trata, de desmantelar Canal 9 para intentar que el nivel de desinformación de la ciudadanía alcance las máximas cuotas posibles. En eso confía el PP para mantenerse en el poder.        

ADOCTRINANDO

            Desinformar y adoctrinar, esa es la receta del Consell de Fabra para que las injustas medidas económicas no arruinen el poco crédito que le queda. Para lo primero solo tiene que vaciar y dejar languidecer los medios que controla. Para lo segundo cuenta con la inestimable ayuda de la jerarquía eclesiástica. En eso, Fabra coincide con Rajoy. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert, es el golpe más duro dado a la enseñanza pública en nuestro país desde los tiempos del dictador. Además de consagrar la religión católica como uno de los pilares básicos del sistema educativo, otorga a los centros concertados casi las mismas atribuciones y financiación que a los públicos. Por eso no extraña que el mundo de la educación, incluida la universitaria, se hayan plantado ante la liquidación de la educación pública llevada a cabo por Rajoy y su gobierno. Es cuestión de decencia.

URBANO GARCIA

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FOTO: EFE