“Quan creus que tot s’acaba,
torna a començar”
Raimon cantaba estos versos en 1969. Faltaban 6 años para que
Franco muriera tras una larga agonía, y su régimen, el Régimen, seguía dando
señales de que el dictador moriría matando. En 1969, el Tribunal de Orden
Público era el principal instrumento político del franquismo.
Recordé el poema del cantautor de Xàtiva cuando el tobogán catalán volvió
a poner a prueba mi capacidad de resistencia. Leyendo el detallado auto del juez
Llarena, se podría pensar que Catalunya se había levantado en armas contra el
Estado Español. ¿A qué viene comparar las manifestaciones cívicas y pacíficas
del pueblo catalán con el levantamiento armado del 23F? Algunos creen a píes
juntillas en eso de la profecía autocumplida. Ya le gustaría al PP que
Catalunya reeditara su Semana Trágica. Eso le daría a Rajoy los argumentos
definitivos para volver a convertir el Parlamento catalán en el fortín de la
Ciudadela, con sus cañones apuntando a las Ramblas. Claro que el argumentario
del juez titular de la Sala Segunda del Tribunal Supremo también vale para
construir un relato de la rebelión con el que justificar los juicios, penas y
extradiciones con los que escarmentar al soberanismo catalán.
“Auxilio a la rebelión”, ese era el delito que
servía a los tribunales de Franco para condenar a quienes habían permanecido
leales al legítimo gobierno de la II República. Sin duda, el de rebelión es un
delito lo bastante tergiversado en nuestra reciente historia como para
cuestionar su uso.
Además, el artículo 472 del Código Penal dice que
“son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente…”.
Es condición sine qua non para este
delito el uso de la violencia. ¿Qué se considera violencia?, ¿la ha habido en Catalunya? Sedición y prevaricación son
los otros delitos de los que se acusa a ex Consellers
y otros altos cargos del último Govern catalán.
Por otra parte, el abuso de la prisión preventiva más bien parece una forma de
condicionar el nombramiento de un nuevo Govern.
¿Hasta que se nombre uno del gusto de Rajoy? Tal vez. Algunas decisiones
judiciales, como las referidas a Catalunya, tienen lectura política. Y es que
la Justicia también puede ser una forma de hacer política. No hace falta ser un
genio para adivinar qué política hace Rajoy.
EL MÁSTER
El miércoles 21, eldiario.es publicó la exclusiva
de que Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, no se había
presentado a dos asignaturas del Máster de Derecho Autonómico de la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC), y por tanto era imposible que tuviera aprobado el TFM,
paso necesario para obtener el título. Con su carrera política en el PP ya
encauzada, ¿para qué necesitaba la Delegada del Gobierno ese máster?, ¿pensaba
ya en presidir la Comunidad? Tener títulos universitarios se ha convertido en
una obsesión para muchos dirigentes del PP. Es su forma de demostrar al resto
de mortales que ellos, además de ser ricos, son merecedores de su destino por
méritos académicos. Ese mismo día, el Rector de la URJC dio una rueda de prensa
flanqueado por los supuestos directores del Máster. Los tres dijeron que
Cifuentes había hecho los cursos y el TFM, pero que por la Ley de Protección de
Datos no podían facilitarlo. ¡Pero es que el TFM es público! Luego resultó que
el Rector era el único que de verdad tenía el cargo que decía tener. De eso
hace más de una semana y el TFM de Cifuentes sigue sin aparecer. Eso sí, la
Presi apareció “en plasma” ante los periodistas y amenazó con sendas “querellas
criminales” (enfatizando “criminales”) a la periodista Raquel Ejerique y a Ignacio
Escolar, director de eldiario.es
Curiosidades de la vida,
resulta que hay una cierta relación entre el PP, y las universidades públicas
Rey Juan Carlos (URJC) y Miguel Hernández (UMH). La Universitat d’Elx fue creada por Zaplana siendo President de la Generalitat. Álvarez
Conde de la URJC, supuesto director del Máster de Cifuentes, y Rosario Tur de
la UMH, secretaria del tribunal que aprobó la tesis nunca hecha pública de
Francisco Camps, mantienen una estrecha relación. Ambos son miembros del
Instituto de Derecho Público, del que también forman parte las tres profesoras
contratadas que supuestamente firmaron el TFM de Cifuentes. ¿Casualidades? La
investigación llevada a cabo por eldiario.es desvela que la mancha corrupta del
PP también contamina al ámbito universitario.
En ese ambiente tóxico
presentó el PP sus presupuestos. Con la ovación de C’s pero con el rechazo del
resto de fuerzas parlamentarias. A veces la rebelión está en donde menos se la busca.
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