Hay palabras que irrumpen en el léxico popular como
elefante en cacharrería. Y no por su verdadero significado, más bien por el
contenido semántico que le atribuyen quienes tienen la sartén por el mango y el
mango también. Vamos, por quienes están habituados a adueñarse de todo, incluso
del lenguaje. Es lo que pasa con los escraches, esas acciones que como cívicos
cobradores del frac sacan los colores a quienes legislan contra la voluntad de
una gran parte de la ciudadanía. Los escraches se hicieron populares en la
Argentina post dictadura, en su transición a la democracia, cuando muchos lobos
quisieron pasar por corderos para blanquear sus crímenes. Entonces, en
Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, entre otras, no permitieron ni la
impunidad ni el olvido. Ahora, en la España lacerada por la crisis, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha vuelto a poner de actualidad esta
forma de denuncia pública. Aquí, en tierras valencianas, sabemos distinguir estos
escraches de los violentos que practicó la derecha regional con bombas en
librerías y a intelectuales como Joan Fuster. O cuando Paquita Reventaplenaris acosaba con violencia
populista las instituciones democráticas. Nadie tiene que enseñarnos cómo son
los escraches violentos.
Los
escraches de la PAH hacen ruido, cierto. Pero tal vez esa sea la única forma de
despertar a una sociedad adormecida por los cantos de sirena de unas glorias
que nunca lo fueron. Dicen las encuestas –y en esto como en tantas otras cosas
suelen equivocarse- que los escraches de la PAH le restan popularidad a su
causa. Es posible. Sobran voces desde la caverna política y mediática que
claman contra una práctica demasiado próxima a la intimidación. Y como bien
sabemos sólo intimida el que puede, o sea el poderoso. Así que habrá que poner
imaginación para que una buena causa no se dilapide por la controvertida forma
de defenderla. Los cobradores del frac ya anduvieron esa senda, la imaginativa
y la judicial. En ambas lograron importantes avances. Es cuestión de aprender
de errores pasados y ajenos.
DELEGACIÓN
Y parece
que así lo han hecho. En los últimos escraches prima la guasa y la complicidad
con el vecindario. Es la mejor forma de ganar apoyos para la causa. Hasta con
charangas visitan los barrios de algunos diputados. Así se quitan argumentos a
quienes ya no tienen excusas para sus negativas. Porque de eso se trata, de
quitar argumentos a quienes se oponen a que la deuda termine cuando el banco se
queda con el piso hipotecado. Por lo visto, algunos prefieren que además de
quedarse sin casa, los hipotecados se queden sin futuro. El gobierno se ha
manifestado de forma reiterada contra la dación en pago. Pero la última palabra
la tienen las y los diputados, es decir los elegidos por el pueblo para
representarlos. El problema es que en nuestro país el gobierno decide, el
partido que lo apoya acata y sus diputados hacen lo que dicen partido y
gobierno. Es decir, su voto es delegado, pero no por los votantes que le dan la
legitimidad, si no por el partido que lo pone en la lista de elegible. No
parece muy democrático que digamos.
No
sé si cuando salgan publicadas estas líneas el Congreso habrá votado ya la
reforma de la ley hipotecaria. Todo apunta a que la mayoría del PP no aceptará
ninguna de las propuestas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular que
han apoyado millón y medio de ciudadanos. Será, por tanto, una nueva burla a la
soberanía popular.
OS LUSIADAS
Claro
que no somos Portugal ni Chipre ni Grecia, señor Pons. Somos quien somos, como
decía el poeta. Tampoco Camoens escribiría hoy la epopeya del pueblo luso en
octavas reales. La monarquía que queda en Iberia vive horas bajas hasta en la
rima. Nuestros vecinos los portugueses se sacudieron su dictadura con una
revolución de claveles plantados en sus fusiles. Aquel abril del 74, las calles
de Lisboa se llenaron de fados, mientras sus vecinos –o sea nosotros-
albergábamos la ilusión de un final parecido para nuestra dictadura. Ni entonces
ni ahora somos Portugal, señor Pons. Pero nos parecemos más de lo que a usted le
gustaría. Nos parecemos en las medidas que aplican los gobiernos conservadores
de ambos países, las mismas que dicta la troika: austeridad y recortes. Pero no
somos Portugal. Tan cerca y tan lejos. Allí, el Tribunal Constitucional ha
dictaminado la ilegalidad de quitar la paga extraordinaria a funcionarios y pensionistas
y rebajar prestaciones. Aquí, el Tribunal Constitucional demora sus
resoluciones más allá de lo sensato, cuando sus dictámenes ya no resuelven nada.
Aquí, el PP hace todos los días escrache a la democracia.
NOTA: La muerte de Sampedro aumenta nuestra orfandad
en estos tiempos de zozobra y desconsuelo. Descanse en paz.
URBANO GARCIA
FOTO: Urbano Garcia
