Una isla, una deuda y un país -o dos- al otro lado
del Mediterráneo. Chipre está lejos, pero no tanto. Como nosotros, forma parte
de la Unión Europea. Como nosotros, está sometido a las órdenes de la troika.
Como nuestro país, también está bajo el diktat –incorporado de forma
torticera en sus Constituciones- de primero saldar las deudas con la gran banca
y después hacer frente a otras emergencias sociales. Como aquí, también allí
gobierna la derecha.
Sábado
16 de marzo, los bancos de la isla se cierran a cal y canto, las cuentas se
bloquean, los cajeros automáticos sólo escupen 1000€ por día y cuenta, el
gobierno chipriota decide implantar un impuesto por el hecho de tener dinero
depositado en algún banco de la isla. Una tasa o incautación del 3 al 12%,
según la cantidad en depósito, para pagar la deuda de los bancos chipriotas con
otras entidades financieras, la mayoría de la Unión. Un corralito en toda
regla. No es una tasa tipo Tobin para que parte de la deuda la paguen los que
especulan con las transacciones financieras, ¡no! Se trata de otra vuelta de
tuerca a la ciudadanía para que se haga cargo, una vez más, de los platos rotos
por los abusos bancarios. El pago de la deuda se ha convertido en un arma de
destrucción masiva de la confianza ciudadana. Algo habrá que hacer, ¡digo yo! Hay
precedentes históricos de cómo la deuda devaluó la democracia.
Un
ejemplo. Tras la Primera Guerra Mundial, el tratado de Versalles impuso a
Alemania el pago de una deuda de guerra abusiva. El crash de la bolsa de New York que
dio origen a la Gran Depresión, derribó el frágil castillo de naipes de las
finanzas alemanas. Salvadas las distancias, ahora los países del sur de Europa
tienen que hacer frente a una deuda privada de la banca cuyos intereses crecen exponencialmente.
Y lo hacen convirtiéndola en deuda pública y cargándola a las espaldas de la
ciudadanía. Hacía décadas que no se producía en Europa una siembra tan fértil
de insolidaridad y desafección democrática. Digo yo que alguien tendrá que
responder por este ataque a la convivencia.
LA INSPECCION
Es
tal la magnitud del desatino que nadie quiere asumir la responsabilidad de una
medida tan injusta e impopular. El Banco Central Europeo mira a Chipre, el gobierno
del conservador Anastasiadis señala a Alemania, mientras que Merkel apunta al
ejecutivo chipriota. Durante mucho tiempo, Chipre ha sido un paraíso fiscal en
el que se han refugiado capitales de todo pelaje buscando pagar menos
impuestos. Oligarcas rusos y griegos, fundamentalmente, pero también fondos de
pensiones alemanes y otros especuladores financieros tienen en la isla su
Ítaca. Mientras la Unión Europea miraba hacia otra parte, el agujero bancario
chipriota se iba agrandando, hasta hacerse insostenible. Escribo estas líneas sin
saber dónde se pondrá el listón impositivo y tras la negativa del Parlamento a
dar el visto bueno a la propuesta del gobierno chipriota. Pero el mal ya está
hecho. El bloqueo de las cuentas y la sola posibilidad de un impuesto al ahorro
en Chipre abre otra brecha en una unión monetaria que parece diseñada más a la
medida de los especuladores financieros que de la ciudadanía. ¿Dónde están las
garantías de la Unión para con los ahorradores?
Dice
Llamazares que las preferentes son
nuestro corralito. Tiene razón. El gobierno de Rajoy, Montoro y De Guindos,
indulta a los grandes defraudadores mientras que carga el pago de la deuda
sobre los ahorradores y el resto de ciudadanos. E impulsa paraísos fiscales
como Eurovegas, al tiempo que, para
limpiar su imagen, manda inspectores de Hacienda a visitar las fallas en
víspera de la Plantà. ¿No había otro
momento? Un motivo más de cabreo en el mundo fallero tras la brutal subida del
IVA a los artistas que hacen los monumentos.
LA TRAMA
No
hace falta ir a Chipre para indignarnos. Mireia Mollà, diputada de Compromís, habla en un artículo reciente
en El País de la deuda ilegítima que
pende sobre la cabeza de l@s valencian@s y de la deficiente financiación
autonómica, a la que hay que sumar el saqueo perpetrado con el silencio y la
complicidad de quienes tenían que velar por el interés público. El 18 de marzo,
en el diario Levante, el periodista Francesc Arabí describía cómo funcionaban
los vasos comunicantes que unían las contrataciones de obra pública realizadas
por el Consell y los donativos a las
arcas del PP de las empresas agraciadas, según consta en los papeles de
Bárcenas. Al margen de la polémica sobre las competencias judiciales, hay
pruebas más que suficientes para sospechar que tanto el PP como su sucursal
valenciana se financiaron durante años de forma poco clara y presuntamente
ilegal. ¡Qué mal huele el corral! Ya toca hacer limpieza.
URBANO GARCIA
urbanogarciaperez@gmail.comFOTO: Urbano García
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