¿Cumple el Tribunal
Constitucional las funciones para las que fue creado? ¿Y los Tribunales
Superiores de Justicia? Vienen a cuento estas preguntas ante los últimos
jardines en los que estas magistraturas se han metido. La verdad es que lo han
hecho un tanto forzadas por un partido, el PP, acosado judicialmente por los
muchos estropicios realizados a nuestra frágil democracia. También facilita la
faena la contaminación, sutil o descarada, que ese mismo partido, el PP, ejerce
sobre una parte importante de las instituciones. La intromisión del poder
ejecutivo en el judicial no es exclusiva del PP, pero nadie como la derecha para
hacerla sin ningún tipo de escrúpulos ni remilgos.
El TC ha entrando a saco en el tema de Catalunya, asumiendo funciones sancionadoras y marcando la hoja de ruta de las instituciones autonómicas. El artículo 155 es como una bomba de relojería en manos del Constitucional, por prudente que nos parezca su actuación. La incapacidad de Rajoy para encontrar soluciones políticas a los problemas políticos, le ha llevado, en el colmo de la dejación, a confiar en el TC la resolución del conflicto catalán. No se puede ser más torpe.
INTERVENIDOS
Los resultados de las últimas elecciones catalanas
no fueron los que Mariano quería. Tampoco le gustaron a la virreina del Principat, digo de Sáenz de Santamaría,
la verdadera manifassera de la agenda catalana
gracias al 155. A veces da la sensación de que se busca acabar con Catalunya
como vía rápida para terminar con el Estado Autonómico. Sería otra torpeza. En
estos momentos, Catalunya sigue siendo una autonomía intervenida por la
Moncloa, con sus instituciones gripadas, con un candidato a presidirla
autoexiliado en el país de Tintín, con una ley electoral hecha a semejanza de
la española, es decir que prima el voto rural y conservador frente al urbano y
liberal, con una formación de derechas hegemónica en el campo soberanista y
otra también de derechas hegemonizando el autoproclamado bloque
constitucional,… una Catalunya en un cul de sac judicial. ¿Y qué hay al
otro lado? Pues ni más ni menos que un gobierno paralizado, un gobierno en
minoría que no gobierna, que bastante tiene con atender sus urgencias
judiciales, que abusa de su capacidad de intervención en los órganos estatales
para seguir pervirtiendo la democracia.
¿Qué nos van a decir a nosotros? Las tierras valencianas fueron el laboratorio de las políticas expoliadoras del PP. Aquí, durante dos décadas, la corrupción fue fagocitando las instituciones al tiempo que, gracias al dopaje electoral, retroalimentaba el círculo perverso del gobierno. Así nos colocó el PP a la vanguardia del despilfarro. No contento con eso, el PP apagó la pantalla para impedirnos conocer sus patrañas. La anemia informativa forma parte de su herencia.
A VUELTAS CON LA MEMORIA
Hubo que esperar a la medianoche del lunes 29 para
poder aplicar en Callosa del Segura la ley de la memoria histórica. Durante
casi dos años, algunos vecinos jaleados por fascistas venidos de otras
latitudes, protagonizaron una especie de motín de sainete, un ¡viva las
cadenas!, alrededor de una cruz de mármol blanco de cientos de kilos. El imponente
símbolo, colocado a la puerta de la iglesia en los años 40’, fue levantado en
honor al fundador de Falange y a los callosinos muertos por apoyar la rebelión
militar de Franco. Nada en este monumento marmóreo glosaba la convivencia o el
reconocimiento a los callosinos que murieron defendiendo el gobierno legítimo
de la República. Nada en él merecería haber superado la prueba de la restauración
democrática. Sin embargo, allí estaba 4 décadas después de muerto el dictador.
Una prueba de los déficits de la Transición y de la baja calidad de nuestra
democracia. Sin memoria no hay olvido ni perdón.
Apenas unas horas después de retirada la cruz, llegó la orden del TSJ ordenando paralizarla cautelarmente. El TSJ atendía la petición de la Asociación de Abogados Católicos, uno de esos nichos en los que anida la derecha más rancia y que se dedica a pleitear contra todo lo que suponga defensa de los derechos y libertades democráticas. Lo curioso es que lo hace en nombre de una libertad religiosa que no está en cuestión. No hay más que repasar los privilegios de que goza la Iglesia Católica para ver que los realmente perjudicados son quienes no comulgan con esas creencias. Esta anomalía democrática encuentra su caldo de cultivo en un Mariano Rajoy que se vanagloria de no destinar ni un euro a la memoria histórica. Tal vez sea esa una de las disfunciones más importantes de nuestra democracia, que nos gobierne quien no cree en ella.
URBANO GARCIA
