“Somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos”
Eduardo Galeano
Última semana del año. Antes de despedir 2017, unos cuantos agraciados en el sorteo de Navidad podrán sortear algunos de sus pesares. No tienen más mérito que el de haber dispuesto de cash para hacerse con algún décimo. Otros pocos, los catalanes, con su elección de una determinada papeleta han decidido quiénes gobernaran Catalunya hasta 2021, eso suponiendo que se cumpla el cuatrienio y no se anticipe otra consulta ante las dificultades para formar gobierno o por cualquier otra causa. Las catalanas han sido unas elecciones atípicas. Estos comicios han sido todo menos normales, con una parte de los candidatos en prisión y otra voluntariamente exiliada en Bruselas. No fue normal ni su convocatoria, realizada mediante el fórceps del artículo 155 de la Constitución, ni la propia campaña. Ha sido la guinda a un año atípico. También en la política estatal. El PP, el partido del presidente Rajoy, ha sido imputado por la Justicia por financiarse ilegalmente y haber obstruido la acción judicial. No parece que el juego democrático del PP haya sido demasiado limpio.
LA REGLA Y EL GASTO
Derivada
de la Ley de Estabilidad Financiera con la que la Unión Europea pretende embridar
la deuda de los Estados, esta regla es un mecanismo fiscal para controlar el
gasto público, limitándolo a un % del crecimiento económico. En concreto, del
1,7% este año. La regla en si no es buena ni mala. Como todo, depende de la
rigidez con la que se aplique. Pero resulta que Montoro y sus boys la aplican sin ninguna flexibilidad a las
administraciones locales, mientras lo hacen de forma laxa a la central. Más de
7000 millones de € han tenido de superávit los ayuntamientos en 2017. La
administración local ha sido la artífice de que el Estado haya cumplido sus
compromisos con la Unión Europea. Sin embargo, no obtiene ningún beneficio a
cambio de su disciplina.
A pesar de tener superávit, la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de Hacienda ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia municipal. Sin llegar a ese extremo, algo parecido ocurre con el Ayuntamiento de València, condenado a limitar sus inversiones aunque ha mejorado el pago a proveedores y ha rebajado la deuda contraída por el anterior gobierno, encabezado por Rita Barberá. Aunque hay sequía, llueve sobre mojado.
El PP aplicó la austeridad en València al máximo en la contratación de personal y en la amortización de plantilla, dejándola esquelética. La insuficiente policía local, por ejemplo, es motivo de numerosas quejas vecinales. Mientras, un catatónico grupo municipal del PP protesta por la falta de efectivos policiales, como si la causa de esa anemia no fuera debida a su mala gestión.
Hace unos días, una proposición de ley de Unidos Podemos en el Congreso logró sortear los vetos de PP y C’s para que la regla de gasto no se aplique a los municipios que cumplan con los objetivos de estabilidad y reduzcan el pago a proveedores a menos de 30 días. El PP que votó en contra, no descarta negociar una mayor flexibilidad dada la resistencia a sus políticas de austeridad.
LOS VETOS DEL TC
Una
parte importante del descrédito del sistema democrático consagrado por la
Constitución del 78, es debida al uso torticero que el PP hace del Tribunal
Constitucional. Un TC convertido en freno de cualquier mejora para la vida de
las personas. Así, el TC, encargado de velar por la constitucionalidad de las
leyes, limita la capacidad legislativa de los gobiernos autonómicos con la
dudosa excusa de que invaden competencias estatales. El ejecutivo de Rajoy se
limita a actuar como el perro del hortelano. Por ejemplo, ante su inacción para
frenar los abusos del oligopolio eléctrico y evitar la pobreza energética, las
instituciones autonómicas y locales actúan defendiendo al consumidor. Y sistemáticamente,
el PP recurre ante el TC estas ayudas legales tildándolas de inconstitucionales
por invadir competencias del Estado. ¡Hay mayor cinismo!
La sanidad universal y la ley valenciana por la función social de la vivienda han corrido parecida suerte. Al PP no parece preocuparle mucho la salud pública, ni las personas desahuciadas. Ni los derechos que en teoría garantiza la Constitución. Lo único que le preocupa es que la banca recupere pronto los niveles de beneficio que tenía antes de la crisis financiera, para que vuelva a ser motor de esas burbujas especulativas que tanto gustan a un capitalismo que ha descubierto que sus esencias decimonónicas son compatibles con una economía globalizada. ¡Adiós 2017!
URBANO GARCIA
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