Como Santa Teresa. Así se quedó Miguel Roca, abogado
de Cristina de Borbón, tras conocer la sentencia que declaraba a su cliente tan
solo culpable a título lucrativo de las fechorías económicas de su marido. El veredicto
tardó ocho meses desde que el caso Nóos quedó visto para sentencia. Tiempo
necesario para evitar el voto particular de algunos de los tres jueces del
tribunal. ¡Responsable a título lucrativo!, ese es el destino judicial de algunas
cónyuges que conviven y comparten bienes con determinados chorizos. Ana Mato no
está sola en ese listado. La ex ministra y la infanta pertenecen al exclusivo
club de las esposas premiadas por su ignorancia. También Milagrosa Martínez
quería jugar en esa liga. Su desconocimiento de las tareas de la Conselleria de Turisme que regentaba
sonroja al más incrédulo. La Perla ha eludido por ahora la prisión al pagar la
fianza de ¡15.000€! impuesta por el juez del caso FITUR. Hay robagallinas a los
que se les impone fianzas mucho más elevadas. Pero como no se han cansado de
repetirnos por tierra, mar y aire, “la Justicia es igual para todos”. Como si
nos chupáramos el dedo. Claro que hay motivos para que lo piensen. Apenas
conocida la absolución de la parte valenciana del caso Nóos/Urdangarin, Bonig,
la jefa del PP valenciano, ya estaba clamando con total desparpajo la
restitución de la honradez cuestionada de sus compañeros de filas. La verdad es
que choca la sentencia. Por los mismos hechos y menor cuantía, la parte
mallorquina de la trama, los cómplices necesarios para saquear las arcas
públicas, los responsables políticos, han sido condenados. ¿Qué hace diferentes
a los valencianos? Por lo visto, que Urdangarin cumplió parte de sus
compromisos por los que cobró casi 4 millones de € del erario público. Nada
dice la sentencia sobre la relación calidad/precio de las tres ediciones del Valencia Summit, ni de los nunca
celebrados Juegos Europeos. Un olvido difícil de entender.
WELCOME!
Sábado
18 de febrero, las calles de Barcelona se llenan de solidaridad con las
personas refugiadas. Mientras algunos gobiernos europeos se encastillan en
demagogias y populismos (es decir en egoísmos nacionales y discursos
xenófobos), una parte de la ciudadanía reclama políticas solidarias y de
acogida. La Unión Europea hace dejación de sus funciones al no obligar a los
países miembros a cumplir sus compromisos. Es lo que hace el gobierno de Rajoy que
como el perro del hortelano ni come ni deja comer. El ejecutivo del PP en
minoría tan solo ha acogido a poco más de un millar de refugiados de los 17.337
que se comprometió con la UE. Las grandes ciudades y algunos gobiernos
autonómicos encabezan la rebelión cívica contra la insolidaridad. El Consell
llegó a un acuerdo con una naviera para abrir un corredor humanitario por el
Mediterráneo. Rajoy lo vetó.
Diciembre
de 2016, alcaldes de ciudades europeas entre las que están Madrid, Barcelona,
València, Zaragoza y A Coruña, acuden a Roma a la cita convocada por el Papa
Francisco. Un encuentro con el título de “Cumbre Europea: los refugiados son
nuestros hermanos y hermanas”. De allí salió el compromiso de tejer una red
europea de ciudades solidarias. A veces hace falta un cierto impulso
institucional para que no cunda el desánimo. Los alcaldes de las ciudades
españolas escribieron a Rajoy ofreciéndose a desbloquear la situación. Los
poderes locales, por su proximidad, suelen ser los más adecuados para encontrar
soluciones a este tipo de dramas humanos. Pero la capacidad ciudadana es
limitada, ¿qué puede hacer para frenar un desastre humanitario de estas dimensiones?,
¿cómo obligar al gobierno a que cumpla sus compromisos? Todos nos sentimos
golpeados cuando vimos en TV la imagen de Aylan, el niño sirio refugiado ahogado
en una playa turca. Hay muchos Aylan. Miles de vidas truncadas en aguas del
Mediterráneo que no vemos.
Hace
unos días, una cumbre municipalista aprobaba la declaración de València. Los
ayuntamientos necesitan más recursos del Estado para atender sus compromisos
con la ciudadanía. También para desarrollar políticas solidarias con los
refugiados. El silencio ha sido la respuesta. El
domingo 26, la ciudadanía valenciana está convocada a una concentración ante la
Delegación de Gobierno. Tenemos todo el derecho a mostrar nuestra indignación. Es
difícil no conmoverse ante la violación de los Derechos Humanos. Ante la
pasividad frente a un drama humanitario que llama a nuestras puertas. Mientras
la extrema derecha europea, animada por un ególatra y egoísta Trump, promete
levantar muros de intolerancia y fanatismo, una parte de la ciudadanía lucha
por un mundo en paz y más justo. No se trata de levitar, hay que poner los pies
en tierra y decir alto y claro que el odio no nos moverá, que la solidaridad
nos hace más felices.
URBANO GARCIA
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