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viernes, 30 de agosto de 2013

CERRADO POR DISFUNCIÓN



Dice Rosa Vidal, recién instalada en la poltrona de la Dirección General de RTVV, que si no se recorta el ERE que afecta a más de un millar de trabajadores/as de la empresa pública, será imposible que Canal 9 emita a partir de julio. Por fin lo habrá conseguido. Digo del PP. Habrá conseguido cerrar el principal medio de comunicación público del país después de haberlo manipulado y saqueado durante casi dos décadas. Jugada perfecta. Ahora que su hegemonía se tambalea –al menos eso apuntan las encuestas- nada mejor para ellos –digo de los dirigentes del PP local- que fundir a negro cualquier rendija por la que se pueda colar el más mínimo atisbo de realidad. Un escalón más en el apagón informativo al que nos está sometiendo el PP. Por eso, el verdadero cargo de Rosa Vidal es el de enterradora. Pero antes tendrá que colaborar en estrujar un poco más la teta de la hacienda pública. Para eso tiene el PP preparado todo un ejército de ocupación que se hará con la tarta una vez privatizada. Eso sí, convenientemente saneada y asegurándole al consorcio que resulte ganador de la subasta un apetecible margen de beneficio. Vamos, el modelo Hospital de Alzira llevado a la comunicación. Con razón, en el óbito de la Dama de Hierro los dirigentes del PP fueron sus más histriónicas plañideras. El vaciado de RTVV no sólo es económico. El reseteado de la empresa ha eliminado los argumentos que justificaron su creación. El nuevo Canal Nueve no tiene ni la obligación de emitir en nuestro idioma. Ya nada diferencia a la cadena pública valenciana de TeleMadrid ni de Tele 5. Entonces, ¿para qué mantenerla?

AUTÓNOMOS
            La mal llamada reforma laboral de Fátima Báñez ya está dando sus frutos. Los méritos habría que repartirlos entre la ministra-de-trabajo-que-nunca-trabajó y la virgen del Rocío, a la que tanto se encomienda la titular del ramo. No hay mes en que no se incremente la lista de personas sin trabajo. El número de Expedientes de Regulación de Empleo se ha disparado hasta cifras difícilmente soportables. Las facilidades dadas por la administración para que las empresas peguen el portazo ha agilizado los trámites y ha abaratado los costes de los despidos. Hasta las empresas públicas se acogen a la nueva norma para recortar servicios. Canal Nueve, antes Canal Nou, es un buen ejemplo. También lo es TeleMadrid, donde, por cierto, el Supremo ha dictaminado la no procedencia del ERE, reconociendo a los trabajadores el derecho a volver a sus puestos de trabajo o a recibir una indemnización adecuada, el doble de la que habían recibido al ser despedidos por la empresa. Un precedente cuyas semejanzas con RTVV son más que evidentes.
            ¿Cuántos trabajadores despedidos en los últimos años se han dado de alta como autónomos? ¿Cuál es el flujo entre empleo fijo y empleo discontinuo, temporal y en precario? Sería interesante conocer estos datos. Así podríamos valorar en su justa medida la cifra de creación de autónomos que el gobierno de Rajoy se atribuye como mérito. También sería interesante saber cuántos autónomos pasan a engrosar la economía sumergida. Ser autónomo no significa necesariamente tener un bufete de abogado o una consulta médica. Es más, la mayoría de los autónomos trabaja en una economía de subsistencia, con la que apenas pueden contribuir a su futura pensión. El incremento de autónomos no significa que las cosas mejoren, más bien al contrario, indican que vamos de cabeza a la ruina tras una aguda depresión.

COSTAS
            De ser los reyes del mambo hemos pasado a ser una autonomía fallida. Con las finanzas intervenidas, con el gobierno ausente, con las arcas hueras, con la industria desmantelada, con una de las mayores tasas de paro juvenil del Estado, con el mayor número de desahucios después de Madrid, con el parque de viviendas vacías mayor de Europa,… Un panorama desolador. No hay más que asomarse a la costa para ver los efectos del tsunami inmobiliario que arrasó lo mejor de nuestros paisajes y, tras años de euforia, arrojó a la exclusión social a una parte de nuestro paisanaje. Ahora, sobre el erial dejado, el PP quiere volver a levantar su castillo de naipes. Eso es la nueva ley de costas, un despropósito. Nace para terminar de arrasar. Con ella -piensan los gerifaltes del PP- volverá a tener trabajo la ingente mano de obra que un día empleó la construcción. ¿Y qué hacemos con el inmenso parque de viviendas vacías? En eso tocará esperar. La derecha gobernante confía en que la recuperación económica de otros países de la zona euro lleve a sus ciudadanos a invertir en nuestro sol y playa. ¿Y nosotros? Pues a nosotros nos tocará volver a ser albañiles, camareros o empleados de alguno de los muchos casinos que el PP piensa abrir en suelo hispano gracias a una legislación permisiva y tolerante con lo más granado de la mafia mundial. Un país de tercera, unos ciudadanos de cuarta, a eso nos quieren condenar.  
URBANO GARCIA

FOTO: 
Urbano Garcia.  14 març 2013 Acte públic treballadors/es RTVV M1lDe9

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