Hasta el último minuto duró la incertidumbre. El
martes 26, los 4 diputados de Compromís
pusieron encima de la mesa de la negociación el llamado Acuerdo del Prado. Su
objetivo, evitar una nueva convocatoria electoral. Ni a Joan Baldoví ni a
Mónica Oltra ni creo que a nadie en su sano juicio le parece buena idea volver
a las urnas. El cambio era posible. Lo fue en el País Valenciano tras el 24M
–en unas semanas hará un año- con un reparto de escaños similar al habido el
20D en las generales. Tras el fracaso en las negociaciones para formar
gobierno, las diferentes opciones políticas buscaran culpables señalando al
otro. Siempre el otro es el culpable. Entre todos mataron la esperanza y ella
sola se murió. Los meses transcurridos desde el 20D no han sido en balde. Ahora
conocemos mejor las propuestas. Durante este tiempo todos se han destapado. Queriendo
mostrar su mejor cara, se les han visto sus verdaderas intenciones. La tramoya de
toda campaña electoral quedó al descubierto. Ahora es más fácil saber quién
quiere qué. Esperemos que haya trellat
por parte de todos en el tiempo que queda hasta el 26J, la próxima cita
electoral.
NUNCA ES TARDE
Una
década ha tardado la justicia en percatarse de que algo no funcionó bien en julio
de 2006. Una serie de acontecimientos -unos imprevistos, otros diseñados con
precisión-, se sucedieron en sus primeros días. Entre los no previstos –aunque
previsible y evitable- estuvo el trágico accidente en la línea 1 de
MetroValencia. Murieron 43 personas y 47 resultaron heridas en uno de los
peores siniestros ocurridos en este tipo de transportes urbanos. Era 3 de
julio, víspera de la visita del Papa, un acontecimiento sobre el que trabajaba
el Consell de Maese Camps desde hacia
meses. Nada ni nadie podía alterar el guión escrito por el entonces Molt Honorable President para su mayor
gloria. Miles de urinarios competían con el mobiliario por el espacio urbano. Miles
de mochilas amarillas eran regaladas en escuelas y centros oficiales. Y lo
principal, todo era controlado por un consorcio capaz de convertir la visita del
Papa en propaganda para el PP y negocio para unos pocos. Ese era el papel de una
comisión de la que formaba parte el Arzobispado, el Consell, la Diputación y el Ayuntamiento. Todo bajo control del PP.
El capitán de este consorcio no podía ser otro que Juan Cotino, supernumerario
del Opus Dei, miembro del gobierno de Camps (como Conseller de Agricultura), bien relacionado con la curia y con
Rita, ama carabassera del Cap i Casal. Cotino no permitió que nadie le fastidiara la fiesta papal,
así que visitó a las familias de las víctimas del accidente del metro
prometiéndoles dádivas y parabienes si no hacían ruido. Y casi lo consigue. Para
imponer el silencio Cotino echó mano de Canal 9. También para gestionar la
retransmisión full-time de la visita
papal. Canal 9 subcontrató a una empresa relacionada con la trama Gürtel la
instalación de pantallas y altavoces en los escenarios del Papa. Más de 3
millones de € fueron a la red de Correa y el Bigotes. Se calcula que más de 1
millón fue a los bolsillos del entonces Director General de RTVV, Pedro García,
ex jefe de comunicación de Zaplana. Mientras teníamos Papa hasta en la sopa, a
las noticias del accidente del Metro se les ponía sordina. La manipulación y el
boicot de Canal 9 a la actualidad informativa alcanzó su cénit semanas después,
cuando les Corts celebraron el Pleno
que puso fin a la pantomima de comisión de investigación con la que el PP quiso
enterrar en cal viva el accidente del Metro. Tras las elecciones, se abrió una
nueva Comisión. Por ella están pasando decenas de nuevos testigos para
reconstruir los hechos. Más que nada para que no vuelva a ocurrir una tragedia
como aquella.
LA FIESTA
Hace
meses que el PP no está para fiestas. Ric Costa, mano derecha de Camps con
quien compartía sastrería Gürtel, no quiere cargar con el “marrón” de la
financiación ilegal de tres campañas electorales del PP valenciano. Le pueden
caer 7 años de trullo. “Nada se hacía en Valencia sin el consentimiento de
Génova”, ha dicho en su descargo el ex secretario de finanzas. Para su juicio
quiere que testifiquen Rajoy y Cospedal, entre otros. Coincide con Ric la ex
gerente del PP-CV, Cristina Ibáñez, quien reconoce la financiación ilegal del
PP, pero no la considera delito. Y Vicente Rambla –director de la campaña
electoral autonómica de 2007- pide que Bárcenas y Maese Camps sean testigos en
su juicio por financiación ilegal. El destino no está escrito en las estrellas.
URBANO GARCIA
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