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jueves, 10 de noviembre de 2016

TIERRA QUEMADA

Agosto, 1992. Un gran incendio arrasa una zona de especial protección en la Serra Gelada. Las pavesas caen sobre Benidorm como una surrealista nevada de verano. Hacía poco que Eduardo Zaplana (EZ) era alcalde de la localidad, tras abrirle las puertas de la alcaldía Maruja Sánchez, concejal tránsfuga del PSPV. Comenzaba el taking off del cartagenero. A menudo, los incendios forestales son vistos por especuladores y carroñeros como un caudal de oportunidades. Había un problema, la ley prohibía edificar inmediatamente en suelo forestal tras un incendio. Serra Gelada no era la excepción. La especulación tenía que esperar, a no ser que cambiaran las cosas. Zaplana llegó al Palau de la Generalitat de la mano de Unión Valenciana. Objetivo conseguido. El humo de Serra Gelada dejó paso a Terra Mítica, una feria a las puertas de Benidorm. El proyecto fue considerado por el Consell como inversión de interés general, y por tanto libre de trabas. Con ese criterio se expropió y se construyó bajo el paraguas de una Generalitat en manos del PP y empeñada en la sustitución del modelo económico tradicional valenciano por otro insostenible y especulativo. En 1996, EZ creó la sociedad pública Parque Temático de Alicante S.A. En sus manos puso la gestión de 10 millones de m2 expropiados para construir un parque de ocio, dos campos de golf, un zoo y una zona hotelera. Un suculento negocio privado apoyado en las arcas públicas. Luego llegaron los sobrecostes y las facturas falsas. Capitalismo de casino más que de libre mercado.    

CORRUPTORES
                  Dos décadas después, en la Ciudad de la Justicia de Valencia, corruptos y corruptores oían la sentencia del primer gran caso de corrupción de la era PP. En ella se reconocía la existencia de una trama que había saqueado más de 6 millones de € de la Hacienda pública. Empresarios y gestores del parque temático se repartieron el botín. Allí estaban Moreno Carpio, Vicente Conesa, Matilde Ripoll, Luis Rubio,… y otros dirigentes de la red corrupta. Junto a ellos, Valverde y Rincón, colaboradores necesarios desde la parte gestora del Parque. A los 22 condenados, corruptores y corrompidos, les ha caído un total de 305 años por estafa. ¿Devolverán lo robado?
                  Generalmente, la presión mediática y legal cae sobre los políticos, sobre los corrompibles. Los corruptores, quienes lubrican el engranaje de las corruptelas, suelen salir de rositas a pesar de ser la parte oculta del iceberg de la corrupción. Lo dijo muy claro, al recoger el Premio Llibertat d’Expressió 2016 de la Unió de Periodistes, Fernando Urruticoechea, un valiente interventor municipal que en 30 años ha destapado numerosos casos de corrupción en algunos de los municipios por los que ha pasado, como Crevillente y Orihuela. Su lucha contra las malas prácticas en la gestión de lo público le ha valido el reconocimiento de los periodistas valencianos. Como recoge un estudio de la propia Unió, el periodismo no pasa por su mejor momento. El País ha cumplido 40 años, y ni ese diario ni el periodismo son los mismos. A pesar de que la corrupción también alcanza a los propios medios de comunicación, sigue siendo buen material para un periodismo de investigación en vías de extinguirse. No interesa a las empresas y dicen que es caro.    

LA CUENTA
                  El dinero no siempre es el fin último de la corrupción. Al menos no es su único objetivo. El caso Taula en el que están imputados 8 de los 9 concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia, es un buen ejemplo. Invertir más dinero del declarado en campaña electoral suele reflejarse en las urnas. Con esa ilegalidad se busca corromper los resultados electorales. Aunque no siempre se logra. El grupo municipal del PP en Valencia tenía, presuntamente, una caja B y una cuenta no declarada alimentadas con mordidas, donaciones y otras fuentes de ingresos de dudosa procedencia. Con esos fondos sobrefinanció el PP valenciano al menos sus campañas electorales de 2007, 2011 y 2015. El grupo municipal de COMPROMÍS ha puesto el asunto en manos de la justicia. El juez ha ordenado el embargo de la cuenta. Todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción del PP, han apoyado la creación de una comisión municipal de investigación. Acogiéndose a su carácter no vinculante, el PP ya ha anunciado el boicot. La opacidad y la obstrucción a cualquier investigación sobre su presente y pasado forma parte del ADN del PP. También su empeño en arrasar aquellos lugares por los que transita. Le llaman política de tierra quemada.  

URBANO GARCIA

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